Ni un solo apoyo de sus socios de gobierno concita la concejala de APAC, Lara Rodríguez Peña, en su denuncia contra los tres últimos gobiernos de José Crespo Iglesias por supuestas contrataciones irregulares desde 2004. Tanto Compromiso por Lalín (CxL) -con el alcalde Rafael Cuíña Aparicio a la cabeza-, como PSOE y BNG coinciden en expresar su rechazo a la "judicialización" de la política, si bien muestran su "respeto" por la decisión soberana adoptada por sus socios de la Agrupación de Electores Plataforma Aberta Cidadá.
"Lo he dicho mil veces: Estoy en contra de judicializar la política", manifestaba ayer el regidor local a esta Redacción, al tiempo que se cuidaba de dejar bien claro que "es un tema exclusivo de APAC". "Es una organización independiente y respeto lo que ha decidido, pero yo me mantengo en mi coherencia de no judicializar la vida política", subraya Cuíña. Por eso, dice sentirse "profundamente molesto" con las declaraciones en las que el portavoz del Partido Popular relaciona la denuncia con una maniobra orquestada por el propio Cuíña. "No se lo voy a consentir. Parece que tienen una fijación conmigo -declara-. Cuando tengo la culpa de algo, lo asumo, pero en este caso no tengo nada que ver". Y añade: "No le deseo ningún mal a José Crespo".
Tanto a él como a sus colegas de PSOE y BNG les pilló por sorpresa la presentación de la denuncia, registrada el pasado viernes en el Juzgado de Lalín. De hecho, los tres portavoces supieron de su existencia el sábado, después de que Lara Rodríguez Peña les informase de que acababa de hacerla pública en una rueda de prensa. El alcalde recuerda que desde APAC le habían "comentado hace tiempo" que estaban valorando la posibilidad de pedir al juzgado que investigase un presunto delito de prevaricación en relación con los contratos laborales realizados en el Concello de Lalín desde el año 2004. "No volvimos a hablar del tema y pensé que ya se habían olvidado", manifiesta Cuíña, que concluye que su máximo interés como gobernante pasa por "vender gestión, no ruído".
"El PSOE lleva muchos años en la política municipal y siempre ha sido contrario a su judicialización, salvo casos muy sangrantes", dice su portavoz y teniente de alcalde, Nicolás González Casares. Insiste en que su partido nada tiene que ver y niega que sea una maniobra orquestada por el alcalde: "No me consta para nada". Por tanto, el edil socialista pide al PP "que no equivoque las cosas y que se module, porque nosotros no tenemos nada que ver en esta denuncia".
Casares entiende la decisión de sus aliados de APAC "porque son soberanos", pero alega que "aún ahora (por ayer) desconocemos el contenido de la denuncia". "Hace tiempo nos habían dicho que lo estaban valorando y nos preguntaron si queríamos entrar, y les dijimos que, si seguían adelante, no nos íbamos a sumar", expone. "Estamos aquí para trabajar, estamos concentrados en gobernar y no en mirar atrás", concluye el líder socialista, que va incluso más allá: "Deseamos, por el bien del Concello de Lalín, que quede en nada".
"No entramos a valorar una decisión de otra organización política, es su decisión, una cuestión exclusivamente de APAC", zanja el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Vilariño Taboada. En su caso, no solo no sabía que APAC iba a presentar la denuncia, sino que ni siquiera tenía conocimiento alguno de sus intenciones hasta el sábado. "No estamos por la judicialización de la vida política", señala, al tiempo que advierte de que es "un arma de doble filo, que se puede volver en contra en función de lo que digan los tribunales".
Nosotros apostamos por "la política con mayúsculas", proclama el edil del BNG, ocupado en "gobernar este Concello y con muchos proyectos importantes para sacar adelante en este último año de mandato". En esta línea, es partidario de "rebajar la crispación política en Lalín", porque "somos un gobierno en minoría y precisamos llegar a acuerdos, así que tenemos que dialogar". Respecto a las contrataciones de personal, "nuestro compromiso es ser rigurosos al cien por cien", sentencia Vilariño.
