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Prevención de incendios forestales

Los concellos alertan de dificultades para limpiar las franjas de protección antes del 31

El plazo se recortó un mes en comparación con el año pasado - Hay varios casos de fincas que están a nombre de personas ya fallecidas -Lalín y Silleda plantean dudas acerca de los riesgos de entrar en parcelas privadas

Un operario municipal aplica el biocida en el entorno de la Praza da Feira de A Bandeira.

En menos de dos semanas, el 31 de este mes, remata el plazo que concede la Xunta a los municipios para que estén libres de maleza y de especies de combustión rápida (eucaliptos y pinos, sobre todo) las franjas de 50 metros próximas a viviendas y núcleos habitados. Esta medida de protección se recoge en la Lei de Montes de 2012, y en comparación con el año pasado el plazo de desbroces se adelanta un mes, de modo que los municipios apuran trámites porque, si no se encargan los dueños de estas tareas, ha de ser la administración local la que adecente estas franjas y pase posteriormente el recibo a los propietarios de las fincas.

Con vistas a reducir el impacto económico que pueden sufrir las arcas municipales al tener que asumir dichos trabajos, la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) firmarán un convenio mediante el que la Consellería de Medio Rural correrá con el 75% de las actuaciones en las franjas secundarias, de modo que el 25% restante será responsabilidad de los municipios o de la propia Fegamp. Este acuerdo contará con una dotación de seis millones de euros.

En estas franjas secundarias no puede haber maleza ni árboles a menos de 15 metros de las viviendas; entre los 15 y los 30 solo pueden plantarse caducifolias y si están separadas siete metros entre sí, mientras que pinos o eucaliptos deben estar, por lo menos, a 50 metros de zonas habitadas. De no seguir la norma, se establecen sanciones a particulares de hasta 3.000 euros. El año pasado en la provincia de Pontevedra se interpusieron 57 multas.

Desde los concellos se publican bandos, desde hace semanas, recordando a los vecinos la obligatoriedad de retirar maleza en sus parcelas próximas a la viviendas. Gracias a la ola de incendios del pasado mes de octubre, sí se detecta una mayor concienciación ciudadana, con más avisos en los consistorios para que se les notifique a los dueños de parcelas en abandono la necesidad de adecentarlas. Pero es aquí donde surgen problemas: el edil de Infraestructuras Rurais de Lalín, Miguel Medela, señala que se han encontrado casos en los que el dueño de la finca está fallecido desde hace años, o cuya titularidad lleva hasta cuatro generaciones sin actualizar. "¿Cómo vamos a meternos a limpiar una finca sin saber si es nuestra o no?", se pregunta el concejal. Es la misma duda que planteó el secretario de Silleda, Manuel Quintáns, al gobierno de Manuel Cuíña, porque el Concello podría incurrir en un allanamiento de morada. Sin embargo, desde Medio Rural se esgrime que hay medidas aprobadas que facilitan la entrada en terrenos abandonados o de dueño desconocido.

Medela recuerda la polémica que suscitó la poda del carballo de Val do Carrio, en el que la limpieza para evitar daños en una vivienda próxima acabó motivando las quejas del dueño del árbol. El edil apunta que tampoco estaría de más que Medio Rural habilitase subvenciones para limpiar estas fincas próximas a núcleos, "ya que una parcela de seis ferrados puede suponer un gasto de 600 euros, que no todo el mundo se puede permitir". Hay otra traba burocrática: Secretaría e Intervención pueden no dar luz verde al pago del desbroce de una finca privada.

No solo hay vecinos que no pueden afrontar los gastos de desbroce cerca de núcleos. El Concello de Agolada, como indica su alcalde, tampoco tiene solvencia para este tipo de gastos. "Cada 20 días colocamos bandos para que se acometan estas tareas, y emitimos notificaciones personales", indica Ramiro Varela, quien apunta que en el caso de limpieza en proximidades a vías públicas si no se encarga el dueño de la parcela, la empresa que actúa de forma subsidiaria se lleva la madera cortada.

Bandos y notificaciones son, hasta finales de mes, las únicas armas que tienen los concellos. Una vez rematado el plazo desde algunas administraciones, como la de Silleda, se contactará con los vecinos del rural que incumplieron la normativa para darles un nuevo plazo de 15 días naturales para gestionar su biomasa, que pasa a ser de tres meses en las franjas laterales de las vías de comunicación. En el casco urbano se aplica una normativa municipal para el mantenimiento de limpieza y vallado de los solares. Desde este concello se afirma que existen "casos sangrantes" tras emitir varias comunicaciones que no surtieron efecto, a pesar de que en su web y en los perfiles de redes sociales Silleda dispone de hasta un gráfico que informa de las distancias a limpiar y las especies prohibidas.

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