"Siguen los problemas graves de gestión del gobierno de [Rafael] Cuíña", manifestaba ayer el portavoz del Partido Popular de Lalín, José Crespo Iglesias, en relación con la decisión del interventor municipal de reparar y llevar a pleno 16 facturas por importe de casi 12.000 euros. Se refieren a gastos corrientes que se repiten de forma periódica sin mediar contratación previa. La réplica le llegaba por boca de la concejala de Hacienda, Teresa Varela, que atribuye el proceder del funcionario a una cuestión meramente "técnica y administrativa".

El nuevo interventor, Fidel García, entiende que la competencia para abonar las facturas recae en la corporación, y no en la junta de gobierno, como venía siendo habitual. Propone que sea el pleno el órgano que levante el reparo que él mismo ha puesto a las facturas y que, acto seguido, sean aprobadas mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito. En caso de no salir adelante el trámite, las empresas afectadas podrían recurrir a la vía judicial para reclamar unas cuantías que van desde poco más de 3 euros hasta algo más de 2.700 euros.

Para el líder del PP está claro de quién es la culpa: Del gobierno municipal de Lalín. "Tercer interventor y tercero que les pone reparos al modo de tramitar las facturas y de pagar los gastos que generan", escribía ayer José Crespo en su perfil de Facebook. Y es que, a su juicio, tanto este caso como los protagonizados por las anteriores interventoras tienen que ver con "los problemas graves de gestión" que su grupo viene denunciando prácticamente desde el comienzo del mandato de Rafael Cuíña Aparicio.

El mensaje de Crespo fue tachado de "cinismo político" por parte de la responsable de Hacienda, que cree que pretende "tergiversar la realidad con el único objetivo de engañar a la opinión pública en una precaria y poco responsable manera de hacer oposición". La edil recuerda al portavoz popular que esta misma semana conoció por boca del propio interventor sus motivos para llevar las facturas a pleno. Es una decisión "puramente técnica y administrativa, como el PP sabe, pero trata de ocultar de manera interesada", dice Teresa Varela. "El origen está en una cláusula que el propio PP introdujo en su día en los presupuestos y que nunca se llegó a interpretar de manera tan restrictiva, algo que ahora sucede en parte por una nueva ley de contratos que también es más restrictiva", añade.

Varela incide en que el interventor considera que las facturas son correctas, que los trabajos están hechos y que hay que pagarlas. Eso sí, al ser gastos reiterados para los que no hay contrato, ve necesario levantar sus reparos en pleno, "un criterio técnico -apunta la concejala- que resulta diferente, pero igual de válido y normal, al que se seguía antes para esas mismas situaciones". Por tanto, alega que se trata de "un procedimiento ordinario dentro de la administración pública y que para nada se deriva de ningún fallo en la gestión política, que, por mucho que le fastidie al PP, resulta impecable y enormemente beneficiosa para el conjunto del pueblo de Lalín".

En esta línea, Varela alude a "una deuda bajo mínimos" o la obtención de "grandes cantidades de dinero de otras administraciones", por ejemplo, para la creación de empleo. "Lo que no hacemos es malgastar el dinero de todos los lalinenses en obras faraónicas, como el Castro Tecnolóxico, o en parkings que cuestan millones de euros de fondos públicos en reparaciones, compras y procesos judiciales", sentencia la edil. Y subraya que "lo que de verdad le interesa al gobierno es pagar a los proveedores y hacerlo cuanto antes" por unos trabajos "realizados y contratados de manera absolutamente correcta y rigurosa".