El portavoz del PP de Lalín, José Crespo, cuestionó la forma con la que el gobierno local gestionó el proyecto de la firma Racso para instalar su planta de neumáticos en el polígono de Botos y asegura que si la industria acaba asentándose en este recinto será solo por culpa del cuatripartito. En una entrevista en Radio Lalín, Crespo Iglesias insistió en que el ejecutivo conocía desde hace mucho tiempo la pretensión de Racso por desembarcar en la localidad y no hizo nada para impedirlo hasta que la presión vecinal lo hizo cambiar su postura.

"Intentaron tapar todo lo que pudieron hasta que les explotó en la manos", dijo, mencionando que su grupo ya había dicho que el alcalde, Rafael Cuíña, y el edil Nicolás González Casares estaban al tanto del proyecto. "Los pillamos con el carrito del helado", enfatizó, apuntando que Casares llegó a manifestar públicamente tiempo atrás que la industria era inocua. Crespo, como ya había dicho, mantiene que el Concello fue avisado por la Consellería de Medio Ambiente para que, en el proceso de participación pública del proyecto, presentase las sugerencias que considerase oportunas, algo que no hizo y el proceso culminó con la autorización de la Xunta vía publicación del acuerdo en el DOG. A su juicio, es injustificable que el gobierno diga que no pudo presentar alegaciones por la baja del técnico municipal de Medio Ambiente, porque en este caso se pudo optar por la externalización de un servicio que tendría un coste de entre 500 ó 1.000 euros. Dijo que esos informes debieron hacerse en tiempo y forma. Recordó el gasto de 5.000 euros para la imagen corporativa del plan DUSI o los 13.000 del proyecto para los usos de la vieja piscina, indicando que para ahí sí se movilizaron importantes recursos económicos. El popular, que ayer registró la solicitud de comparecencia del alcalde por este asunto para que Cuíña explique cómo se desarrolló este proceso, alega que el gobierno llegó a organizar viajes a una planta semejante a la de Racso en León con grupos de vecinos "selectivamente escogidos". "Sabían que existía ese proyecto", remachó.

Sobre los últimos posicionamientos del cuatripartito -que día atrás anunció su negativa a la industria con los informes municipales- José Crespo replicó al mandatario local que el pleno no tiene competencias para pronunciarse sobre una licencia municipal, una vez que esta potestad recae en la junta de gobierno o mediante un decreto de la Alcaldía. "Que no lo sepan es preocupante", dijo, además de tildar al regidor de "mentiroso compulsivo". Además, indica que en ningún caso el Concello registrará un contencioso para impedir la licencia, sino que podría ser la empresa la que ejerciese esta alternativa si se viesen vulnerados sus derechos. Es más, cree que Racso podría salir airosa en este proceso, responsabilizando una vez más al gobierno municipal por no hacer los deberes y formular alegaciones cuando la consellería se lo requirió. El PP, que había expresado día atrás su intención de reunirse con los vecinos de las parroquias próxima a Botos, inició ayer esta ronda de encuentros en Vilanova y Soutolongo. Estas citas, dijo Crespo, se programan con el objetivo de explicar a los vecinos cómo se desarrolló este proceso desde que la empresa mostró su interés por venir a Lalín hasta los últimos trámites gestionados desde el punto de vista administrativo. En los próximos días serán en Botos, Vilanova o Doade.

Callejero

Ya en otro orden de cosas, el reciente nombramiento de calles puesto en marcha por el gobierno local es, para José Crespo, una muestra de la actitud dictatorial de Cuíña, que aprueba por decreto un asunto "a un año de las elecciones, sin venir a pleno y sin ser aprobado al menos por mayoría absoluta". Dice que con estas decisiones no se respeta ni al pleno ni a la ciudadanía, a la que no se consultó en cada rúa afectada. Crespo señala que el bautismo de calles por decreto nunca ocurrió en democracia. "Es propio de una dictadura y esto no se haría ni en concellos gobernados por Bildu o Esquerra Republicana", espetó. Volvió a justificar la negativa del PP a participar en la comisión del callejero alegando que se había propuesto que su grupo tuviese solo dos miembros en un grupo de 13 en el que parte de ellos "son de otras religiones políticas". Insistió en tildar de "política" la comisión municipal y puso como ejemplo la participación del exedil socialista Manuel González Aller, también en calidad de "experto". En este sentido, aseguró que también hay exediles del PP capacitados para formar parte de dicha comisión. "La hicieron para que no participáramos", afirmó, y recordó al ejecutivo que estando en minoría quizá debió esperar al próximo mandato, además de citar que en su etapa en la Alcaldía los cambios se aprobaron por unanimidad o mayoría absoluta. En caso de que ahora así fuese negociado, habría un respecto hacia ese acuerdo y el ejecutivo legitimado para renovar el callejero. Por último, dijo que esta actitud es propia del "capricho de un niño pequeño".