El cuerpo de bomberos y el Consorcio de Deza y Tabeirós han llegado a un acuerdo en el acto de conciliación para restaurar los derechos tanto nocturnos como los referidos a las vacaciones solicitados por la plantilla. Volver al cuadrante 1-4 a partir del mes de mayo, es decir, trabajar un día (24 horas) y librar cuatro, o retomar los refuerzos son algunos de los puntos que se acordaron entre las partes. Sin embargo, no corresponden a todas las peticiones del cuerpo, de ahí que aseguren que continuarán con las movilizaciones mientras no haya constituida una mesa de negociación con la que sentarse a hablar sobre los requerimientos.

Para los demandantes la resolución del acto de conciliación es "una demostración de que no se puede hacer las cosas al margen de la legalidad", en palabras del secretario de organización de Comisiones Obreras (CCOO) de Pontevedra, José Luis Pedrosa, que dio a conocer el acuerdo, acompañado de parte de la plantilla. "Sabíamos que al tratarse de una medida ilegal pues iba a reponerse", apuntó. "Era evidente hasta para la defensa, es decir, para el abogado del Consorcio, que lo que estábamos reclamando era totalmente ilegal", recalcó Pedrosa. Además de los puntos antes mencionados, también se establece que para eventos extraordinarios o retenes preventivos la jornada será siempre de 24 horas, con independencia de la duración de tales eventos. Se establecerá el sistema que había en vigor antes del 1 de enero de 2018, en relación al período vacacional y se analizarán las jornadas ya realizadas por el personal y se cuadrarán para que al final del ejercicio de 2018 todos los trabajadores hayan realizado un número similar de jornadas.

En cuanto a la resolución, esperan que esto sirva de "experiencia", para que en un futuro se restablezca la negociación, "a pesar de que vemos que ganas de establecerla no hay", aseveró Pedrosa. Ante esto, considera que "no es lógico que se pretenda gestionar un servicio público sin negociación con los trabajadores" y recuerda que "a diferencia de los operarios, que en su condición de afiliados la asesoría jurídica no le supone un coste económico, al Consorcio contratar la defensa de las demandas sí que le supone un coste. Y sin negociación, continuaremos presentando demandas", advierte el secretario del sindicato.

Además de ello, creen que el hecho de no atender las demandas de los trabajadores es una "decisión caprichosa", puesto que aseguran que el Consorcio dispone de un remanente de 300.000 euros, "es una administración que tiene superávit y que por lo tanto podría resolver una situación que no puede continuar más tiempo así", recalca Pedrosa.