El Concello de Lalín valora la posibilidad, llegado el caso, de registrar un contencioso para impedir la concesión de la licencia municipal de obra y actividad a la planta de reciclaje de neumáticos proyectada por la empresa Racso en el polígono industrial de Botos. Así lo avanzó ayer el alcalde, Rafael Cuíña, en una entrevista en una radio local, donde quiso reafirmar la posición ya conocida del cuatripartito respecto de una industria que cuenta con un importante rechazo social en Botos y otras parroquias próximas.
El mandatario señaló que hasta la fecha el proyecto solo cuenta con una autorización favorable de la Xunta y ninguna del Concello. Volvió a asegurar que el ejecutivo municipal trató de actuar en este caso con la máxima transparencia en este proceso, a la par que reconoció que la postura más contundente de rechazo a la planta surgió a raíz de la oposición vecinal -un grupo de afectados emprendió incluso una campaña de recogida de firmas- y anunció que cabe la posibilidad de que el gobierno eleve a pleno una moción para que la corporación se pronuncie al respecto. Cuíña, al que el portavoz municipal del PP, José Crespo, había acusado de que tanto él como el teniente de alcalde Nicolás González Casares tenían interés por apoyar a Racso, pidió al popular que aclarase esta afirmación. "No conozco a los empresarios y ni tengo interés personal o político; mi único interés son los vecinos y también atraer empresas si estas cumplen", dijo. Aseguró que el PP local busca con su anuncio de rechazo a la industria una oportunidad porque cree que el Concello no tendrá más remedio que otorgar los permisos municipales, si bien cree que en este asunto puede haber alguna "sorpresa". Dentro de la permanente disputa entre gobierno y PP, el primer edil aprovechó esta comparecencia pública para arremeter contra Crespo por anunciar que pedirá a colectivos ecologistas o a Aguas de Galicia que se pronuncien sobre el proyecto de Racso; algo que no hicieron durante el proceso de participación pública abierto por la Consellería de Medio Ambiente, indicando que las organizaciones públicas y privadas harán lo que estimen oportuno y no en función de las órdenes del líder popular local. En relación a dicho período de alegaciones, el alcalde justificó que el silencio del Concello se debió a la baja del funcionario municipal del área de Medio Ambiente encargado de elaborar dichos informes "y por eso no se pudieron hacer las alegaciones". Este empleado público emitió con posterioridad sendos informes: en un primero no considera que haya elementos que justifiquen el no del Concello y en un segundo cuestiona seriamente aspectos normativos o, también, relacionados con la posible afección de la planta al medio ambiente.
