La justicia ha dado la razón al Concello de Lalín en el contencioso interpuesto por la entidad mercantil Gaia Lalín Arena, que reclamaba al ayuntamiento 22.153 euros por no devolverle una garantía por deficiencias en el complejo multiusos. La titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Pontevedra no establece la imposición de costas y su fallo no es recurrible.
En una extensa exposición de los hechos procesales, éstos parten de la demanda que en junio del año pasado presentó Gaia contra el Concello, que, tras ser admitida a trámite, el juzgado fijó la cuantía del recurso en 22.153,93 euros. El conflicto, que acabó en el juzgado, está relacionado con la concesión que el Concello otorgó a la mercantil en junio de 2007. El septiembre de 2013 el contrato fue resuelto de mutuo acuerdo, fijándose un importe de 7.150.000 euros como pago indemnizatorio a la empresa por las inversiones realizadas para la gestión de la concesión. En mayo de ese año el Concello decide descontar de la cuantía que paga a Gaia el importe pendiente de la amortización de préstamos que la recurrente tenía concertados y otros productos y se constituye una fianza por 340.156 euros con los que la empresa debe acometer determinadas reparaciones en el multiusos.
Durante el año 2014 Gaia realiza una serie de obras, aunque las últimas fueron asumidas por el Concello por importe de 44.771 euros a cargo de las cantidades que le habían sido retenidas a la firma en concepto de garantía. El Concello apoyó sus informes en valoraciones de su arquitecto municipal. Los trabajos no ejecutados por Gaia los lleva a cabo una empresa privada por encargo de la recurrente y finalizan el 17 de diciembre de 2014. El Concello recepciona las obras en enero del año siguiente y suscribe una addenda con la empresa a la resolución del mutuo acuerdo y liquidación celebrada el 29 de septiembre de 2013. Ahí se pacta que una vez rematadas de conformidad por el Concello la totalidad de las obras, el ayuntamiento procederá a la devolución a Gaia de un importe de 395.685 euros, excepto el 7,5% de la cuantía -los 22.153 euros- que se retendrá como garantía definitiva".
Ya a finales de noviembre de 2015 la junta de gobierno local notifica a Gaia un informe del técnico municipal para que se solucionen las deficiencias. Posteriormente la demandante alega al entender que algunas de las deficiencias advertidas se corresponderían con patologías detectadas en septiembre de ese mismo año. La junta de gobierno acepta estas alegaciones. En febrero de 2016 se realiza una visita al Arena para una inspección de las obras por parte de técnicos de ayuntamiento y compañía. Un mes después la empresa indica que tras verificar las deficiencias -filtraciones en una sala, en la rejilla de ventilación, en la sala de máquinas y en una terraza-, fueron acometidas las obras y en marzo se pide la devolución de la garantía definitiva de los 22.153 euros. Pero un mes después un informe del arquitecto técnico municipal vuelve a describir deficiencias en las obras derivadas de filtraciones que a su entender deben conducir a la desestimación de la solicitud.
El Concello abonó en los últimos meses a un abogado lalinense hasta 3.876 euros en cuatro pagos por la defensa de este caso. Los honorarios fueron aprobados en junta de gobierno local.
