El alcalde de Lalín, Rafael Cuíña, aludió ayer por primera vez al informe de la ya exinterventora municipal, Eva Casal, sobre los supuestos incumplimientos en el contrato a un abogado para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal. El mandatario, crítico con la labor de la alta funcionaria, no solo en este asunto, dijo que las "contundentes" explicaciones ofrecidas la semana pasada por el abogado Miguel Diéguez -adjudicatario del servicio- desmontan las conclusiones de la alta funcionaria.
En una entrevista en una radio local, Cuíña señaló que escritos de los sindicatos refrendan el trabajo del abogado y opina que el Partido Popular "hizo lo que tenía que hacer al pedir toda la documentación", aunque cree que piensa lo mismo que él sobre dicho informe. El primer edil, que primero dijo que prefería no pronunciarse sobre la labor de la exinterventora -su relevo se presentó ayer y tiene un mes para tomar posesión- luego avanzó que había solicitado un informe sobre las cuestiones pendientes dejadas por Casal en su etapa al frente de los servicios económicos y lamentó que durante su etapa en el Concello hubiese proyectos que acumulasen entre un mes y medio y dos meses de retraso. Recordó, entre los incumplimientos de la funcionaria, la solicitud "antes del verano" del esqueleto de los presupuestos, que presentase la liquidación de la cuenta vigente antes de abril y otras cuestiones que, sospecha, no fueron despachadas. Desde su marcha, a mediados de la semana pasada, hubo asuntos que ya fueron desbloqueados. "Soy en alcalde y debo medir lo que digo", apuntó, deslizando luego que había funcionarios interesados por el buen funcionamiento del concello y "otras formas de trabajar" que suponían "piedras en el camino" para sacar temas adelante.
Mientras, el PP invitó ayer al gobierno y al regidor a "abandonar el mutismo" sobre el "demoledor" informe de la exinterventora relativo al contrato menor de servicios relacionados con la RPT. Conmina al alcalde a dar "una explicación clara, concreta y aclaratoria" de un tema que considera grave por las conclusiones de Casal. "Cuíña se parapeta detrás del abogado cuando hay varios puntos del informe que le apuntan a él como responsable del departamento de personal y no al abogado". En este sentido compara esta situación con la de un técnico municipal que pudiese denunciar la existencia de irregularidades en la ejecución de una obra y el gobierno diese por válida la versión de la constructora que lo pudo hacer mal y no la de los trabajadores municipales. En palabras de los populares, la negativa a pronunciarse significa dar por buena la versión "de los de fuera; en este caso de un profesional externo, y un menosprecio a los técnicos de la casa a los que tanto recurre cuando quiere para tapar sus chapuzas".
Informe de Secretaría
El PP exige al mandatario local máxima celeridad en la entrega de la documentación solicitada sobre este asunto y el acceso inmediato al informe de Secretaría, que, manifiesta, hace ya un mes y medio que debía ser aportado conforme al decreto de la Alcaldía "y del que los populares no tienen todavía conocimiento sobre su existencia".
