Las huelgas contra los recortes de presupuesto y de plantilla, sumadas precisamente a un personal muy reducido desde hace ya tiempo, explican que el año pasado en los partidos judiciales de Lalín y A Estrada se produjese un nuevo descenso en la resolución de asuntos. El Consejo General del Poder Judicial publicó ayer el informe anual sobre la actividad por territorios, en el que se recoge que los juzgados de las dos comarcas despacharon, en conjunto, 3.598 procesos (2.100 desde las salas de O Regueiriño y 1.498 desde las estradenses). La cifra se coloca 901 casos por debajo de los 4.499 que quedaron resueltos en 2016, situándose mucho más lejos aún de los 5.900 expedientes cerrados en 2015 y los 6.520 en 2014.

Y esta resolución de asuntos se ralentiza pese a que los cuatro juzgados empezaron el año con 1.050 expedientes, también por debajo de los 1.388 de 2016 y los 1.595 con que arrancaba 2015. También es cierto que ese millar de casos procedentes de periodos anteriores se reparte de forma desigual: 593 en las salas de Lalín y 457 en las de A Estrada. Conforme fue avanzando el año, entraron en los cuatro juzgados de la zona 3.512 asuntos nuevos, también menos que los 3.947 del año 2016 y, de nuevo, poniendo en evidencia la carga de trabajo judicial en Deza frente a la de Tabeirós-Montes: de esos nuevos casos ingresados, 2.065 corresponden a los juzgados de Lalín, mientras que 1.447 se tramitaron en los de A Estrada.

Se resuelven menos casos, también entraron menos y estaban menos abiertos al comenzar 2017, así que era de esperar que la carga de trabajo pendiente al cerrar el ejercicio también fuese inferior. A fecha de 31 de diciembre estaban en trámite 983 asuntos (560 en el partido judicial de Lalín y 423 en el de A Estrada). Ese casi millar de procesos abiertos son inferiores tanto a los 1.050 con que se cerraba 2016 como a los 1.367 de 2015.

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La labor de los juzgados de las comarcas se reparte en dos tipos de jurisdicción: civil y penal, ya que las cuestiones de carácter contencioso-administrativo y social se derivan a las salas específicas en la ciudad de Pontevedra. La jurisdicción civil es, con diferencia, la que acumula mayor carga de trabajo en A Estrada, con 855 casos cerrados de los 1.498 globales, mientras que la penal engloba los 643 restantes. Los asuntos civiles pendientes al terminar el año también se imponen a los penales, con 313 frente a 110. Y es lógico, porque entraron 830 procesos civiles frente a 617 penales. En el caso de las salas de Lalín ocurre lo contrario: de los 2.100 casos sentenciados, 1.077 son de carácter penal, y los 1.023 restantes, civiles. Pero atención, porque al cerrar el año, quedan en trámite 381 procesos civiles, más del doble de los 179 penales. Y resulta curioso, porque en el caso de los juzgados dezanos el ingreso de nuevos casos civiles es muy similar a los penales, con 1.060 y 1.005, respectivamente.

Además, dentro de la jurisdicción penal figuran los expedientes referidos a violencia de género. Entre los dos juzgados que se encargan de esta cuestión (uno en Lalín y otro en A Estrada) el año pasado se resolvieron 105 expedientes (63 y 42, respectivamente), muy por encima de los 30 que quedaron cerrados a finales de 2016. Por partidos judiciales, en el de Lalín a comienzos de año estaban en trámite 16 expedientes, a los que se sumaron otros 53 a lo largo del ejercicio. Tras resolver esos 63 mencionados, quedaban aún sobre la mesa otros 6. En el caso de A Estrada, había 17 procesos en trámite cuando arrancó el año, y conforme pasaban los meses fueron entrando otros 30. Se despacharon 42, para despedir 2017 con 5 procesos abiertos.