Los grupos municipales de Movemento Veciñal Estradense (Móvete) y BNG condenaron ayer públicamente la decisión del gobierno municipal de delegar competencias del pleno a favor de la junta de gobierno local en relación a contratación de obras, servicios y suministros. Como se anunció, el asunto se llevó el lunes a comisión de Organización. La decisión supondría que no se eleven a sesión plenaria contratos sobre los que hasta ahora tenía que pronunciarse la corporación en pleno, caso de aquellos cuyo importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, aquellos que excedan los seis millones de euros o los que tengan una financiación plurianual de más de cuatro años.
Móvete defendió que el pleno es "el órgano fiscalizador y de control del gobierno" y rechazó "que los populares le quiten competencias.
"Al gobierno de A Estrada no le parece suficiente tener mayoría absoluta para hacer y deshacer sin contar lo más mínimo con la oposición, sino que, decide mermar las atribuciones de las competencias propias del pleno", sostuvo la portavoz de Móvete, Mar Blanco Casais. Tras lamentar que el ejecutivo demuestre "entender bien poco de democracia", la líder de esta formación reconoce que la ley permite la delegación de competencias. Pese a ello, Móvete entiende que "debe estar suficientemente justificada y debe ser algo excepcional, no puede ser que forma sistemática se emplee un resquicio legal para convertirlo en el proceder habitual de la gestión municipal".
"No solo denunciamos el recorte en democracia al evitar el tratamiento en pleno, órgano de control y fiscalización del gobierno, de las contrataciones mencionadas, sino también denunciamos un detrimento de la transparencia exigida por ley", manifestó Blanco. La edil quiso poner el acento en que, desde su perspectiva, el hecho de tomar esta decisión "de manera generalizada y sin justificar no ayuda a tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que pueden surgir en el procedimientos de licitación".
Por su parte, el BNG consideró esta decisión del gobierno como "la nueva cacicada que prepara el PP para evitar el debate público en el pleno de todos estos contratos que lleve a cabo el Concello, aprobándolos en junta de gobierno local". El portavoz del grupo municipal nacionalista, Xosé Magariños, dejó ya clara cuál será la postura que defenderá el Bloque en el pleno extraordinario convocado para el próximo lunes, a las 20.30 horas. Precisamente el carácter extraordinario de la sesión se justifica en la necesidad de delegar por parte del pleno estas competencias en la junta de gobierno "a los efectos de agilizar la tramitación de los respectivos expedientes".
" El BNG votará en contra porque limita el debate público y especialmente la transparencia en las adjudicaciones que lleve a cabo Concello", sostiene este grupo, que considera que este tipo de debates sobre los contratos de la administración pública "no pueden quedar encerrados entre las cuatro paredes de la comisión correspondiente y la junta de gobierno local". "Un gobierno tiene que se transparente en su gestión", apostillan.
Interpreta el Bloque que, de aprobarse esta delegación de competencias el PP estará "dando una nueva patada a la filosofía que impulsa la Edusi," dejando "en papel mojado la participación social y la transparencia de la gestión que debía regir todo el proyecto sufragado con fondos europeos.
"La Edusi no es participativa ni transparente ni social, es el proyecto de una multinacional que disfruta del aplauso del resto de las fuerzas políticas del ayuntamiento, especialmente del PP, después de que el BNG había anunciado la salida de la correspondiente mesa de gestión ante la deriva del proyecto, que ahora, con esta nueva cacicada del grupo de gobierno, da el golpe definitivo a la filosofía de la Edusi", sostienen los nacionalistas.
En el momento de anunciar a convocatoria de la comisión del lunes desde el gobierno se justificó que esta delegación de competencias obedece al interés de agilizar los contratos vinculados a la Edusi, sin tener que recurrir a la convocatoria de sucesivos plenos. Consideró entonces el gobierno que la participación de la oposición no se perdería al tener que pasar los contratos por comisión informativa.
