A Juan José Cruz le llueven las demandas judiciales. Si hace unos días trascendía la querella criminal que le interpuso el alcalde de Lalín por presunto delito continuado de calumnias y otro de injurias, ahora es el propio Concello el que cursa una demanda en el juzgado para que el concejal no adscrito devuelva el teléfono móvil que le fue asignado cuando formaba parte del gobierno local. A estas denuncias se suma la ya conocida -y pendiente de resolución en segunda instancia- de los profesores Manuel Igrexas y Chus Pato por entender que les acusó de facilitar información a grupos terroristas, y el acto de conciliación de una vecina de la que dijo que había ido a hacer turismo sexual a Cuba. También valora querellarse contra Cruz otro particular a quien insultó en el pleno municipal del pasado viernes.

Transcurrido un año de la marcha de Cruz del gobierno local sin que este devolviese el móvil, el Concello abrió un expediente en julio de 2017 para reclamar formalmente la restitución del mismo a la propiedad pública. En aquella comunicación se le daban diez días de audiencia para que presentase alegaciones o formulase las cuestiones que estimase oportunas. No lo hizo. De este modo, en septiembre se le notificó un decreto de la Alcaldía por medio del cual se le concedía un mes para devolver el teléfono, puesto que se trata de "un bien mueble patrimonial del Concello".

Pero el concejal no adscrito tampoco respondió formalmente a tal requerimiento, ni mucho menos restituyó el bien público solicitado. Tras expresar su temor a que el ejecutivo de Rafael Cuíña recuperase los datos borrados del celular, lo que sí hizo Cruz fue ofrecer a cambio un teléfono móvil idéntico al suyo, pagado de su bolsillo. Pero el Concello se negó al trueque y el secretario municipal aclaró que ese no era el procedimiento a seguir, sino que debía restituirse el bien prestado a la propiedad municipal. Se le brindó la opción de dejarlo en la sede de la Policía o ante los servicios jurídicos.

Pero no hubo respuesta ni devolución. Así que, terminado -en noviembre del año pasado- el plazo de un mes que se le había dado, el cuatripartito consultó al secretario y al asesor jurídico, que aconsejaron interponer una reclamación por vía judicial para recuperar el móvil. La demanda está siendo ultimada por los servicios jurídicos del Concello para su inminente registro en el juzgado.