Los dos últimos alcaldes de A Estrada más dos ediles del actual gobierno local han sido citados como testigos en la vista que se celebrará esta mañana en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra en relación con la reclamación judicial millonaria interpuesta por la familia Campos Paseiro contra la Xunta de Galicia y el Concello por no haber logrado licencia en 2003 para el proyecto constructivo que presentó en mayo de ese mismo año para parte de la bolsa de suelo popularmente conocida en A Estrada como de ampliación de los jardines hasta la calle Castelao.

Los cuatro testigos que han sido citados para declarar son el actual alcalde José López Campos; su predecesor en el cargo, José Antonio Dono; y los tenientes de alcalde Juan Constenla y Alberto Blanco, este último concejal delegado de Urbanismo. Así lo confirmó al mediodía de ayer el actual regidor local, que quiso dejar meridianamente claro que este procedimiento judicial nada tiene que ver con el procedimiento expropiatorio efectuado por el Concello para acometer la actual ampliación de los jardines.

Por el contrario, se trata de un nuevo coletazo de la anulación de las normas urbanísticas de 2003 en A Estrada. A este respecto, el munícipe recordó que la familia en cuestión había presentado en mayo de 2003 solicitud de licencia para un proyecto constructivo concebido para el terreno "que hoy es la ampliación de los jardines". En agosto de ese mismo año, explicó el regidor local, "se les envió un requerimiento diciendo que subsanasen determinadas deficiencias que había en el proyecto y, posteriormente, al cabo de unos meses, se decretó la paralización potestativa de licencias porque se había aprobado inicialmente el Plan Xeral y lo que la ley en aquel momento indicaba" era que lo que procedía hacer era efectuar la "aprobación inicial" y acordar la "paralización de licencias durante dos años". "Después", continuó, "durante esos dos años se dictaron las normas transitorias que después fueron derogadas porque ellos las recurrieron y fueron anuladas" por vía judicial.

Y es que, efectivamente, en 2012 una sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo confirmaba "la anulación de la norma transitoria que ya había dictado" el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ese mismo año quedando, por tanto, anulada "definitivamente" en octubre de 2012 la normativa transitoria. Ello obligó al Concello a volver a las Normas Subsidiarias de 1978, al abrigo de las cuales la familia Campos Paseiro había presentado su proyecto constructivo en 2003. Su solicitud de licencia de entonces, "igual que otras muchas" -remarcó ayer el máximo mandatario local- "que también estaban en tramitación" se habían "quedado paradas". "No fue la única. Hubo un número importante de licencias que estaban en tramitación: aquellas que no estaban en condiciones de ser licenciadas antes del decreto de paralización se quedaron sin resolver", recalcó, "con requerimientos efectuados a los titulares" indicándoles que no cumplían con ciertas cuestiones e instándoles a subsanarlas".

Según el munícipe, la familia Campos Paseiro nunca llegaría a presentar la documentación de subsanación que se le pedía. Ni antes de la paralización de licencias ni tampoco cuando, tras la anulación de la normativa transitoria y hasta la entrada en vigor del actual Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) -entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, por tanto, "hubo un plazo de tiempo en el que ellos hubieran podido haber subsanado" las deficiencias indicadas en el requerimiento de 2003 "presentando documentación". "Pero no lo hicieron", incidió.

En cambio, cuando el fallo del Tribunal Supremo abrió una brecha jurídica la familia propietaria del grueso de los terrenos de la ampliación de los jardines pidió ser indemnizada con dos millones de euros al sentirse agraviada por la entrada en vigor de unas normas que después serían anuladas por los tribunales. Los Campos Paseiro reclamaron primero la responsabilidd patrimonial de la Xunta de Galicia por impulsar esas normas y del Concello por aplicarlas y luego judicialmente "un lucrocesante, daños y perjuicios, los gastos ocasionados y la pérdida de los beneficios que les podría haber reportado la venta de esas propiedades" así como los intereses de demora hasta el día de hoy. "Reclaman la cantidad de dinero que en teoría defienden que dejaron de ganar por la promoción de esas viviendas", explica López.

Ni él ni Dono eran alcaldes entonces ni tampoco Constenla ni Blanco eran todavía ediles, recordó el regidor local.

Y en cuanto al litigio, reitera que es ajeno al proceso de expropiación de los terrenos precisos para acometer la ampliación de los jardines. Está "totalmente al magen", reiteró, aun cuando a raíz de las reclamaciones que presenten los afectados al Jurado de Expropiación este "decrete lo que tenga que decretar".