El pasado jueves entró en vigor la Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia. Esta norma introduce el concepto de "perrera deportiva" para aquellas instalaciones que tengan 15 perros mayores de tres meses y que se usen para la práctica de la actividad cinegética. Estas instalaciones, al igual que los centros de recuperación de fauna, las residencias de animales o los centros de terapia, deben inscribirse en el Reganuz (Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos), por cuestiones de salud pública y medioambientales.

Pero no basta con la simple autorización. Estos núcleos zoológicos (así los denomina la ley) deben estar avalados por una memoria descriptiva de la actividad y un proyecto técnico que describa el cierre de la perrera, sus dependencias, la zona de lazareto para perros enfermos y los sistemas de eliminación de excrementos, agua, o electricidad. Un veterinario debe aportar, además, un informe sobre la limpieza de los locales y el manejo de los canes que se alojan aquí. Se aportará, además, un informe sobre la forma de tratar los restos y cadáveres. La tasa de autorización cuesta 48,48 euros.

La norma no ha tardado en despertar las críticas de los cazadores. Desde la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín su presidente, Julio Mariño, quiere dejar claro que "aquí ya nos estábamos adaptando a la nueva norma desde hace meses, pero nos sentimos perjudicados, porque siempre se nos pone a los cazadores en el punto de mira cuando, en realidad, siempre tratamos a los perros de una forma excelente para que trabajen bien". En temporada de caza, los animales salen todos los días, mientras que fuera de temporada es frecuente que cada cazador los saque a ejercitarse una o dos veces por semana, en una finca propia o en un espacio adecuado. Mariño considera que detrás de este tipo de exigencias "están los ecologistas, que siempre nos están poniendo trabas y no entienden que, por ejemplo, si dejamos de cazar jabalíes, esta especie causará aún más destrozos en los cultivos y los agricultores nos pedirán responsabilidades". Mariño carga contra lo que sí considera maltrato animal, "como tener a un perro atado toda su vida a una cadena", una infracción muy grave que a partir de ahora se multará con entre 501 y 5.000 euros.

De media, los cazadores de Lalín suelen tener entre 5 y 15 perros, igual que en Silleda. En estos casos, lo único que deben hacer es remitir un impreso a Medio Ambiente con el número de microchip de cada perro (el impreso puede descargarse en la página de la Federación Galega de Caza). El presidente de la Sociedade de Caza, Pesca e Tiro de Silleda, apunta que semanas atrás el colectivo un encuentro para abordar estos requisitos, y adelanta que "puede que algún cazador tenga que hacer reformas", aunque insiste en que ya es frecuente que cada can, en las perreras cinegéticas, tenga un espacio más que suficiente. De idéntica forma se pronuncia el presidente del Tecor Farelo (Agolada), José Manuel Blanco, quien añade que muchos socios ya acometieron obras para mejorar aún más la calidad de vida de sus perros. Este Tecor mantendrá un encuentro con el presidente de la Federación Provincial de Caza de cara a organizar una charla en Agolada, abierta a todos los vecinos, para informar de todas las cuestiones de esta ley.