No figuraba en la orden del día, pero curiosamente el paso por el cuartel de la Guardia Civil del edil de Benestar Social de Lalín, Nicolás González Casares, a declarar por un presunto delito de acoso a un trabajador municipal y falsificación de documentos, aconteció la víspera del pleno y este asunto fue abordado en la sesión de ayer. El debate tuvo como protagonistas al edil y al portavoz del PP, José Crespo, que aprovechó el turno de preguntas para, primero hacer una valoración del asunto, y después entró en escena Casares.
Crespo indicó que ya días atrás su partido había exigido explicaciones al trascender la investigación de la Policía Judicial "por lo que estaba pasando en servicios sociales" y que incluso había tenido la oportunidad de hablar con Casares sobre este asunto muy por encima. "No vamos a hacer juicios paralelos, pero es un tema grave", expuso Crespo Iglesias, quien añadió: "no estamos para fastidiarle la vida a nadie y menos en el ámbito profesional" y acto seguido deslizó que los únicos responsables son una vez más miembros del grupo de gobierno. El exalcalde recriminó a Casares que anteayer comentase que su investigación tenía un cierto tufo político, a lo que el edil replicó que lo que había manifestado es que está en esta situación por ser un político. En este sentido Crespo apuntó que su partido había sido respetuoso con el caso, todavía sin juzgar, del exedil José Manuel Hermida. "No somos carniceros", dijo, advirtiendo que su partido actuará "en consecuencia" si se le relaciona en alguna forma de estar detrás o ser partícipe en la denuncia del funcionario contra el concejal.
Tras avanzar que, aunque hoy no se daban las circunstancias para la comparecencia de Casares, su grupo sí la solicitará. El edil, segundos después contestó al popular que ya tenía previsto hacerlo a petición propia. Esas son las explicaciones que le solicitan los populares que, en palabras de Crespo Iglesias, afirmó que el edil hizo bien en acogerse a su derecho de no declarar en el cuartel, pero a la vez le sorprende que ya se declarase inocente. "Aquí somos rivales políticos, pero no tenemos que ser enemigos personales. Estas cosas ocurren a veces fruto de muchas circunstancias y a nivel personal no le deseo ningún mal, pero en el político sí que asuma sus responsabilidades".
Casares, que ya había intervenido en otros puntos de la sesión, agradeció al popular el tono de su intervención y enfatizó que nunca trató de responsabilizar a ningún partido político de estar detrás de la denuncia del trabajador contra él, también, en principio, además de por supuesto moobing y falsificación de documentos, por revelación de secretos. El concejal, que ayer recibió numerosas muestras de afecto en las redes sociales; entre ellas las del alcalde, Rafael Cuiña, aseguró que desea comparecer ante la corporación una vez sepa con claridad qué delitos se le imputan. "Hasta ahora no tengo una sola palabra de qué se me acusa, pero tengo toda la voluntad de venir aquí a dar explicaciones y yo mismo había ya pensado en comparecer". Sobre el curso de la denuncia, el edil de Benestar Social y también teniente de alcalde aseguró ayer que no tenía conocimiento de que las diligencias llegasen al juzgado. Al finalizar el pleno varios concejales del grupo de gobierno y alguno del Partido Popular como Manuel Fernández se acercaron a González Casares para departir con él e interesarse por su situación.
Mientras, la investigación de la Policía Judicial podría haber finalizado tras tomar declaración, como testigos o investigados, a en torno a una decena de trabajadores municipales y representantes sindicales. El caso que llevará al edil ante la justicia parte por la denuncia de un funcionario por un supuesto uso de su ordenador para realizar trámites administrativos mientras él estaba de baja; es decir, que se habría hecho uso de sus claves digitales por otros trabajadores para realizar gestiones cotidianas en este servicio municipal.
