Fue el único punto del orden del día que no se sometía a votación, al tratarse de la dación de cuenta de un acuerdo tomado en junta de gobierno. Pero tanto el PP como el edil del Bloque mostraron su apoyo a la reclamación que presentará el gobierno de Manuel Cuiña a la Xunta para que ésta apruebe de forma definitiva el PXOM que, por cierto, ahora pasa a manos de la empresa Alfonso Botana SL, después de que la anterior adjudicataria, Eptisa, cambiase de dueños. En cualquier caso, el documento continúa con el mismo redactor.

Silleda dispone de un informe de un ingeniero en el que se garantiza la disponibilidad de recursos hídricos en los dos cascos urbanos tanto para las viviendas actuales como para las que se construyan en un futuro, que serán mínimas. Responderá así al requerimiento que envió la Xunta en julio, pero ve inviable el tener que justificar la titularidad de las traídas de agua de más de 100 núcleos rurales. Desde la oposición, el número tres del PP, Ignacio Maril, mostró su apoyo pero contraatacó las quejas de Matías Rodríguez da Torre sobre el presunto juego político de la Xunta con la presunta demora, alegando que el gobierno autonómico facilitó todos los informes para la aprobación provisional el 18 de marzo del año pasado, justo un día antes de la entrada en vigor de la nueva Lei do Solo. Maril apostilló que su equipo incluso apoyó esta aprobación sin tener acceso previo a los planos. Da Torre, por su parte, está dispuesto a liderar protestas en vista de que un proceso judicial sería muy lento.

El cruce de culpas por el atasco del PXOM sirvió de entrenamiento en un pleno que duró más de tres horas y media por los prolongados debates que generaron las nueve mociones de la sesión. Se optó por refundir una del PSOE y otra del Bloque sobre violencia de género. Los socialistas pedían que se devolviesen a los concellos sus competencias en las medidas a tomar contra el maltrato sexista, así como un incremento anual del presupuesto que se les concede para estas iniciativas. Por su parte, el BNG exige avanzar en el Pacto Galego contra a Violencia y que el 1% del presupuesto de la Xunta se asigne a las víctimas de malos tratos y a sus hijos. Esta moción conjunta salió adelante por unanimidad, al igual que otras dos, también de los mismos partidos, con la oleada de incendios de mediados de octubre como eje temático. Ambas sirvieron para que desde las filas del PP se insistiese en que los medios desplegados (hasta 350 brigadas) obedecieron a una respuesta rápida de la Xunta, quien también habilitó ayudas para cubrir costes de los daños causados por las llamas y que, en casos como el de la tubería que ardió en Xubín (en Cortegada), ya fueron adelantados por el Concello. Desde el gobierno, el alcalde Manuel Cuiña echa en falta que Galicia carezca de una sede de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las dos mociones contaron con el respaldo de todos los ediles, pero no así la única que presentaron los populares y en la que se pedía a la Diputación que activase una línea de ayudas similar a la Xunta y que asumiese la aportación municipal a los GES. Maril insistió en que la administración provincial anunció el pasado 30 de octubre la disposición de 90 millones de euros para municipios afectados por las llamas.