El BNG lleva al pleno de mañana (10.00 horas) una moción en la que insta al gobierno socialista a poner en marcha un servicio municipal para la mediación de la vivienda. El portavoz del partido, Matías Rodríguez da Torre, y su responsable local Mateo Varela, presentaron ayer la moción frente a uno de los ejemplos del boom del ladrillo en Silleda: el edificio de la Avenida da Estación que contaba con 44 viviendas y que, lejos de llegar a estrenarse, ha llegado a ser escenario de botellones y robo de material de fontanería. Hay otros dos casos similares: un edificio en la rúa Progreso y un tercero, en la Rúa do Parque, a la espera de que el PXOM se apruebe de forma definitiva.

El Bloque recuerda que los datos más recientes del IGE indican que en el año 2011 había en el municipio 1.219 viviendas vacías, es decir, el 23,4% del total, por encima del 18,% de A Estrada, que duplica con creces la población de Silleda. Da Torre explica que esta situación se deriva de esa fiebre urbanística que no tuvo en cuenta la pérdida de población: entre 1991 y 2011, es decir, en 20 años, se construyeron 557 edificaciones, el 18% de todas las que hay en el municipio. Para más inri, durante los mandatos de José Fernández Viéitez "se prohibió construir en el rural, para favorecer el progreso del casco urbano", explica el concejal, de modo que las parroquias perdieron población de forma progresiva mientras sus vecinos pagaban precios desorbitados por un piso en Silleda o A Bandeira. Esto queda patente si se tiene en cuenta que ahora los precios de la vivienda han bajado en un 40%., y aún así "no se consigue la venta definitiva de muchas de las viviendas construidas".

El BNG aclara que no se trata de que el Concello funcione como una inmobiliaria. No es eso, ya que se limitaría a elaborar un catálogo, un banco público de viviendas, tanto en los dos cascos urbanos como en el rural. Sería cuestión de contactar con los dueños de esos pisos y casas vacías, para negociar precios que evitasen la presión de las grandes inmobiliarias. Esto puede servir de reclamo para captar nuevos vecinos, más aún ahora en plena vorágine de los neorurales que buscan un terreno donde cultivar una pequeña huerta. "Hay que promocionar la rehabilitación del rural, incluso mediante el alquiler, para frenar la despoblación de nuestras parroquias", recalca Da Torre.

Esta bolsa pública tiene como principal fin el dar publicidad a estas viviendas vacías, pero también la de garantizar un derecho reconocido en la Constitución: el derecho a disponer de una vivienda digna y adecuada. Para esto, según reza la Carta Magna, "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Según este párrafo, está claro que son los administraciones públicas y, entre ellas, los concellos (por su proximidad al ciudadano) los que deben evitar que se especule con la vivienda.

Esta propuesta del BNG se enmarca dentro del paquete de iniciativas que diseñó el partido para el mandato 2015-2019 y con las que se busca que el concello sea activo en cuestiones como la dinamización de la economía, entre otros aspectos.