Las reivindicaciones por el elevadísmimo peaje de la AP-53 comenzaron en Lalín poco después de que, hace ya casi tres lustros, se abriese al tráfico la vía de alta capacidad que comunica Santiago con Deza. Si las primeras tarifas fueron consideradas ya altas, la evolución de precios se disparó en más de un 70% en los años sucesivos y gobierno y oposición lalinenses, fueron más beligerantes con este asunto en función de quien ostentase la cartera del Ministerio de Fomento. Este organismo es en la práctica, como propietario de la vía, el único con capacidad para propiciar una bajada de precios, establecer descuentos o acudir a un improbable rescate de la misma.
Las pancartas colocadas por el anterior gobierno municipal desaparecieron cuando el PP gobernó en Madrid y las críticas de los entonces grupos de la oposición amainaron cuando les tocó gestionar a los suyos. Entre medias se aprobó en el Parlamento de Galicia la petición a Fomento de transferencia de la autopista, pero quizá más como un gesto que como un compromiso de defensa de una vía que solo transcurre por el territorio gallego. Con el cambio de gobierno en Lalín, el ejecutivo de Rafael Cuiña anunció hace ahora justo dos años un nuevo frente común, que en este caso sumaba a los concellos de Silleda y Santiago de Compostela. En una reunión de sus tres alcaldes el gobierno municipal anunciaba iniciativas plenarias ante Xunta y Fomento para buscar una reducción de las tarifas, pero también elevar esta problemática a Bruselas. Transcurrido este tiempo nada ha trascendido de aquel frente común más que las iniciativas plenarias que, después de tantos años resulta casi imposible enumerarlas. Escaso o casi nulo es el margen de maniobra que tienen las administraciones locales para desbloquear esta situación que afecta cada día a los cientos de vecinos que pagan 12 euros por un trayecto de ida y vuelta de Lalín a Santiago. Pero igual de pobres son las acciones tomadas en el seno del grupo de estos tres concellos, que entonces ya no pedían el rescate de la concesión sino unos precios más asequibles. Como no hay competencias, quizá tampoco llegaron esas medidas. En clave local solo el BNG realizó una campaña para llamar la atención sobre un problema de difícil solución. La fuerza que puede hacer Lalín o incluso Silleda es diminuta ante un ministerio que sí aprueba millonarios rescates de las radiales de Madrid y, en el pasado y en la actualidad, solo se dedica a aprobar a final de año la propuesta de tarifas que le pasa la concesionaria, Autopista Central Gallega (Acega). El pasado mes de marzo la Xunta pedía el traspaso de la AP-9 y en ese paquete ya ni siquiera entraba la autopista "dezana". El 25 de noviembre del año pasado la corporación lalinense aprobaba por unanimidad una iniciativa dirigida al gobierno gallego para que solicitase a Fomento la transferencia de la infraestructura de cara a la "supresión del peaje". Aunque no existen dudas de la preocupación de los partidos políticos por la carestía de las tarifas, las mociones lo único que han servido es para engrosar la lista de deberes del ministerio.
