La firma del Pacto Local, en 2006, entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) tenía entre sus objetivos descargar a los concellos de competencias impropias y que fuese la administración autonómica la que los asumiese. Más de una década después aquel documento firmado por Emilio Pérez Touriño y José Crespo -Xunta y Fegamp- es poco menos que papel mojado y los concellos siguen pagando las consecuencias: habilitar recursos propios para servicios de los que carecen de competencias. La educación es uno de ellos y las escuelas infantiles, en particular, máxime cuando la red de centros de la Galiña Azul son propiedad de la Xunta.
En la comarca dezana funcionan cuatro de estas guarderías, dos en Lalín, una en Silleda y otra en Vila de Cruces. Aunque no están cubiertas todas las plazas, estos centros tienen espacio para un total de 278 niños de entre cero y tres años. El reciente anuncio de la Xunta, dado a conocer días atrás por el gobierno lalinense, establece que los ayuntamientos deben pagar al año 900 euros por niño. En realidad el coste por matriculado es de 1.500, aunque la consellería plantea que los restantes 600 se puedan imputar como gastos de mantenimiento, pero en realidad es que los fondos salen de la misma hucha municipal. Si realizamos un cálculo sobre los ingresos que puede obtener la Xunta por las cuatro escuelas infantiles, el montante anual en estos tres municipios dezanos, éste alcanza un máximo de 250.000 euros. Lalín, que meses atrás recibió del Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar la propuesta de liquidación del primer semestre, calcula que este año sus dos centros le costarán en torno a 105.000 euros. Las cuantías están relacionadas en función del número de matriculados y en el caso de la capital dezana, la guardería situada en el polígono Lalín 2000 cuenta con un máximo de 74 plazas. Otras 61 corresponden a la Pontiñas, que funciona al lado del auditorio.
En el caso de Silleda su escuela infantil tiene capacidad para un máximo de 82 niños de cero a tres años y, en una situación de aforo completo, este centro supondría un coste para el ayuntamiento de 73.800 euros anuales. Como en principio el convenio es común para todas las guarderías de la comunidad autónoma, aquí también hay que reparar en los 600 euros por alumno que necesitaría para gastos derivados de mantenimiento. En Vila de Cruces las cuentas hay que realizarlas sobre su máximo de 61 matriculados; es decir, cerca de 55.000 euros anuales. La consellería explicó en sus reuniones con distintos representantes municipales que el coste real de la plaza de guardería ronda los 4.500 euros anuales y que, por tanto, la administración autonómica ya estaría haciendo frente a dos tercios del coste del servicio. Otra cuestión a tener en cuenta es que los Concellos que realizasen actuaciones importantes de mantenimiento en estas instalaciones educativas, podrían comunicarlo para que les fuesen descontadas a la hora de aprobar las liquidaciones.
