La Ley de Enjuiciamiento Civil establece diversos plazos para ejecutar -hacer cumplir- una sentencia que, a grandes rasgos, debe materializarse en el plazo de cinco años. Este periodo de tiempo de alguna forma tan extenso ayuda a entender que los cuatro juzgados que funcionan en Deza y Tabeirós-Montes cierren el primer semestre del año con 2.677 fallos judiciales aún en trámites de materializarse. La cifra supera en 137 puntos las 2.540 sentencias pendientes al final del mismo periodo del año pasado, y ello se debe a que aumenta la carga de trabajo en los juzgados de O Regueiriño.
Estas dos salas cuentan con 1.984 resoluciones pendientes de aplicarse, mientras que en 2016 eran 1.800. La gran mayoría, en concreto 1.952, pertenecen a la jurisdicción civil, mientras que las 32 restantes son del orden penal. El ritmo que presenta la ejecución de sentencias es, a decir verdad, lento, porque frente a esas casi 2.000 en trámites de ejecución, hay tan sólo 85 registradas y 79 resueltas.
La proporción, aunque más modesta, es idéntica en los juzgados de A Estrada. Las salas de la capital de Tabeirós-Terra de Montes logran reducir sus sentencias pendientes, pues si en el primer semestre del año pasado eran 740, ahora bajan a las 693. Pero en estos seis meses solo han logrado registrar, para su ejecución, 76, mientras que se han resuelto otras 119. En cuanto a la emisión de sentencias, se publicaron 217 (129 en Lalín y 88 en A Estrada). De esos más de 200 fallos judiciales, 157 pertenecen a la jurisdicción civil.
Las sentencias suponen el fin de un proceso judicial (a menos que sean recurribles). Pero, para avanzar en ese proceso, los juzgados echan mano de otras decisiones que sirven para esclarecer cuestiones sobre ese expediente. Hablamos de autos cuando el juez tiene que decidir si admite o no una prueba o sobre un recurso que se presenta contra una providencia (que es una resolución de mero trámite), por poner algún ejemplo. En los juzgados de las comarcas, entre enero y junio, se emitieron 375 autos y, de nuevo, se imponen los juzgados lalinenses, con 219 casos frente a los 156 de A Estrada. Aquí ocurre algo diferente a lo que pasa en las sentencias: pesa más la jurisdicción penal que la civil, pues se dan 255 expedientes, frente a los 120 de civil. Ello se debe a que, al tratarse de juzgados de primera instancia e instrucción, deben encauzar todo el proceso hasta que se celebre el juicio en la Audiencia Provincial. En cuanto a los decretos, son resoluciones de los secretarios judiciales que se emplean cuando estos funcionarios tienen competencias para poner fin a un proceso. En los primeros seis meses del año se emitieron 284 decretos: 185 desde las salas de O Regueiriño y 99 desde las de A Estrada. Tan sólo seis de ellos pertenecen al orden penal.
Once meses para estar al día
El informe del Consejo General del Poder Judicial indica que el primer semestre se cerró con 505 casos en trámite en Lalín (en 2016 eran 638) y 372 en A Estrada (470). La cifra global de casos pendientes, 877, es inferior entonces a los 1.108 del mismo periodo del año pasado. Pero aún así, se acerca a los 929 casos que sí lograron despacharse. Si dividimos los casos pendientes de Lalín entre los que quedaron resueltos, obtenemos una tasa de pendencia del 0,95. Si la multiplicamos por 12, nos daría 11,4 meses, el tiempo necesario para que los juzgados, sin tener ningún caso nuevo, pusiesen todo los expedientes al día. En A Estrada el tiempo preciso sería muy parecido, de 11, 2 meses.
