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Xoán Ramón Doldán García: "La Ley de Fomento Empresarial elimina controles públicos"

"En su disposición final se desproveen el derecho colectivo de los dueños de tierras"

El economista Xoán Doldán, ayer, poco antes de su conferencia en la Casa das Neves. // Bernabé/Luismy

El Colectivo Somos Agolada celebró en la tarde de ayer una nueva sesión de su Foro Social dos Pendellos, una iniciativa con la que esta asociación pretende dinamizar las actividades de debate y análisis en distintos ámbitos entre los vecinos del municipio. En esta ocasión, el profesor titular de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Xoán Ramón Doldán García, habló sobre la Ley de Fomento e Implantación de Iniciativas Empresariales.

-¿Qué denominación le gusta más para la ley? ¿De fomento o de depredación de Galicia?

-Pienso que la más acertada es la de Ley de Depredación porque creo que la denominación oficial, que parece muy sugerente y atractiva, realmente se corresponde bastante poco con el contenido de la ley. La mayor parte de este contenido está en las disposiciones finales, y ahí es donde se hace una modificación profunda de gran parte de la normativa sectorial y ambiental que hoy existe en Galicia. Entonces, al final va de una cosa muy diferente a lo que dice incluso en su denominación oficial.

-¿Por qué considera lesiva para Galicia la polémica Ley de Fomento de la Implantación de Iniciativas empresariales?

-Hay que decir que en muchos aspectos modifica incluso las propias leyes de este gobierno, es como si el propio gobierno diera marcha atrás en muchos aspectos pero en un proceso que es, sobre todo, de abrir las puertas y eliminar controles públicos a actividades que son muy sensibles porque estamos hablando del sector de la minería, del forestal o del eólico, que son muy sensibles a cuestiones de tipo ambiental, y que además en la mayoría de los casos suponen procesos que llevan a la expropiación de tierras. Por lo tanto, son actividades que deberían estar bastante controladas por la administración pública precisamente para que el interés privado y el colectivo de las partes afectadas no dominase ninguno sobre el otro. En cambio, lo que pasa con esta ley es que se desprotegen los derechos colectivos, incluso los de los propietarios de las tierras, en favor de los intereses de los promotores de los distintos proyectos en marcha.

-Desde su punto de vista, ¿qué salvaría de la quema de esta ley que levanta tanta controversia?

-A ver, algunos aspectos que aparecen en el articulado principal de esta ley podríamos decir que son correctos. Lo que pasa es que, como digo, el articulado al final casi es una disculpa para ese cambio normativo profundo que aparecen solapados en las disposiciones finales. Por ejemplo, la Ley Eólica aparece como algo totalmente nueva, y pasa lo mismo con la del sector de la minería. Eso que debería ser objeto de un debate público y también de un debate parlamentario específico desaparece y se mete un poco de tapadillo en esas disposiciones finales de las que hablo. Como digo, aunque pueda ser un elemento bueno el articulado principal, realmente lo importante de la ley no aparece ahí, está en lo que debería ser algo más secundario.

-¿Qué recomienda ante la aplicación de esta nueva ley?

-Ahí aparecen algunos aspectos de la ley que vulneran la normativa ambiental tanto del Estado como de la Unión Europea, por lo tanto había que pensar en recursos a esas dos instancias. Incluso derechos como el de la información también están afectados, porque se reducen los plazos a todos los niveles, y van en detrimento de otro tipo de normativas que podrían ser de rango superior. Ahí es cuando, además de los propios afectados, deberían contactar con formaciones políticas para acudir a instancias como el Tribunal Constitucional o ir a instancias comunitarias para ver si realmente existe esa condonación, como parece que hay.

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