El proceso relativo al hackeo masivo practicado a cuentas de profesores del instituto Manuel García Barros de A Estrada continúa su tramitación. El Juzgado de Instrucción Número 2 de A Estrada dio traslado hace apenas unas semanas a la Fiscalía para que emita su informe, es decir, exprese su parecer sobre los hechos y confirme si considera que es necesario realizar alguna otra diligencia o, por el contrario, no hay razón para ello.
Una vez remitido el solicitado informe por parte de la Fiscalía, será la autorizad judicial la que decidirá si cierra el asunto o estima que es necesario continuar, es decir, si lo archiva definitivamente o entiende que hay indicios de delito y ordena proseguir con el caso. Es, pues, la autoridad judicial la que le pide tanto a la Fiscalía como a las acusaciones particulares que se pronuncien. Si alguna de estas partes entiende que cabe acusación y la jueza así lo estima, se procedería a la apertura de juicio Si ninguna acusa, la causa quedará archivada.
El Juzgado de Instrucción Número 2 de A Estrada recibió el atestado de la Guardia Civil sobre el caso el pasado 23 de junio. Desde entonces, ha tomado declaración tanto a las personas investigadas como a las perjudicadas por el hacheo descubierto el pasado mes de mayo y que derivó en la presentación de una denuncia por parte de docentes. Las pesquisas realizadas dentro de la que dio en denominarse como 'Operación Captor' terminaron con la detención de cinco alumnos -dos de ellos menores de edad-, que entonces fueron puestos en libertad a espera de ser citados por el juzgado estradense -en el caso de los mayores de edad- y por la Fiscalía de Menores -en el caso de los menores-. Otras diez personas más fueron identificadas y posteriormente investigadas, con distinto nivel de responsabilidad. Se trata de alumnos del propio centro educativo y una vecina de A Estrada que imparte clases particulares de refuerzo en la localidad. A todos ellos, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín -la responsable de la investigación- le atribuyó la presunta comisión de un delito de pertenencia a grupo criminal, revelación de secretos y contra la intimidad y dos delitos de estafa. Sobre esto último, la Guardia Civil comprobó que fueron realizadas dos compras a través de internet cifradas en 400 euros, utilizando el número de cuenta de una tarjeta bancaria al que tuvieron acceso mediante el correo de uno de los docentes.
Conseguir exámenes
Las pesquisas realizadas por la Benemérita concluyen que el principal objetivo de los implicados era conseguir el mayor número posible de exámenes de distintas asignaturas. El hackeo practicado a las cuentas afectó a, al menos, 27 docentes del instituto. Los autores habrían conseguido las contraseñas de sus correos electrónicos utilizando un software ilegal que les permitía registrar las pulsaciones que se realizaban en el teclado, generando y memorizando un fichero de texto con todo el contenido, según explicaron en su día fuentes del instituto armado.
De forma paralela a las actuaciones judiciales, el centro educativo abrió un expediente a tres alumnos implicados en los hechos. La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación universitaria les prohibió que volviesen a matriculares en el centro este curso.
