Un tercer informe de Intervención concluye que, cuando se produjo el cambio de gobierno local, el Concello de Lalín "tenía capacidad económica para hacer frente a sus obligaciones diarias, así como a la amortización de deuda". La conclusión es de la interventora accidental, María del Carmen Méijome Álvarez, a la vista del volumen de deuda viva a 13 de junio de 2015, que era de 5,43 millones de euros -el 37,8% de los 14,34 millones de ingresos corrientes, muy por debajo del límite del 110%-; el período medio de pago, que rebajaba en unos once días el plazo estipulado; y la acta de arqueo, con un saldo bancario y contable de 4,64 millones de euros. Los datos provienen de un informe de la anterior interventora, Marta Oviedo Creo, del 26 de abril de 2016.

En dichos datos se basan los escritos rubricados por la interventora accidental el 31 de julio y el 3 de agosto de este año y así lo ratifica de nuevo en un tercer escrito fechado el mes pasado, a raíz de una petición del PP. Solicitaba acceso al informe de Intervención "en donde se recoja taxativamente, y única y exclusivamente, si el Concello de Lalín tenía o no el más mínimo riesgo de quiebra en junio de 2015 o si atravesaba dificultades económicas que comprometiesen su viabilidad, como afirmaba el alcalde".

Los informes técnicos hacen referencia a las consecuencias derivadas de la compra del párking, en cumplimiento de una petición formulada por decreto de la Alcaldía de 1 de agosto de 2017. A tenor de la liquidación de 2015, el desembolso de 3,21 millones de euros -imputados íntegramente a ese año, aunque 1,01 millones quedaron para 2016- llevó al "incumplimiento coyuntural, no estructural", de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de regla de gasto. Así que el Concello se vio obligado a aprobar un plan económico-financiero para los años 2016 y 2017. Preguntada por las consecuencias que podría haber tenido una resolución judicial que obligase al Concello de Lalín a indemnizar a la concesionaria del párking con los 5,29 millones de euros que pedía en un recurso formulado en 2013, la interventora deduce que "causaría un perjuicio para las arcas municipales, ya que implicaría el incumplimiento de la estabilidad y de la regla de gasto".

El gobierno entiende que "la herencia" del PP "sí tuvo consecuencias económicas" para el Concello, caso de la obligación de someterse al plan económico-financiero. Por eso, le resulta "incomprensible" que los populares sigan defendiendo una gestión económica que dejó la deuda viva en 5,4 millones de euros -que será rebajada en más de 4 millones, hasta 1,27 millones en que quedará este año- y los casos sin resolver del párking, la Rolda Leste, las antiguas piscinas o la regularización del personal contratado en fraude de ley.