Un total de cuatro empresas se presentaron al concurso para la contratación de las oficinas de gestión y técnica de la estrategia Edusi en el Concello de A Estrada. La mesa de contratación, reunida ayer, siendo la primera en la que los grupos de la oposición están presentes, procedió a la apertura de los sobres A y C, correspondientes a la documentación administrativa y a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor, respectivamente.
La licitación, por un valor total de 484.000 euros, se divide en dos lotes. El número 1 corresponde a la oficina de gestión y a él presentaron ofertas tres de las empresas -dos de ellas lo hacen únicamente a este lote-. El número 2, referido a la oficina técnica, es disputado por dos firmas -una de ellas solo concurre a este lote-.
Tras comprobar que las empresas cumplen con la documentación y solvencia exigidas, la mesa procedió a la apertura del Sobre C, referido a cuestiones como la presentación de una memoria en la que figuren otros proyectos similares a la Edusi que la firma en cuestión haya desarrollado, a su experiencia y al personal disponible, entre otras. Esta propuesta funcional se valora con "hasta cuarenta puntos", según explicó ayer el alcalde, José López. Serán los técnicos municipales quien realicen dicha valoración, que se prevé tengan lista la próxima semana para abrir el Sobre B, que recoge las ofertas medibles mediante fórmulas matemáticas, es decir, precio y plazo. Tras participar en la mesa de contratación, la portavoz de Móvete, Mar Blanco, señaló que "es importante" que la oposición tenga representación en estos órganos para "entender a qué se deben" cuestiones como la de la escuela infantil, cuyo proyecto de construcción, dice, fue elaborado por el Concello alcanzando los 899.577 euros y adjudicado a la Xunta por 777.500 euros. "¿Por qué el Concello elabora un proyecto de obra por una cuantía tan excesivamente elevada?", se pregunta.
Caso Faílde
Blanco considera "falso" que el alcalde modificase el procedimiento para favorecer la transparencia, pues recuerda que desde el caso Faílde "dio orden a los funcionarios para que no nos faciliten documentación sin autorización previa del gobierno". Insiste en que éste está "poniendo trabas a la posición" para que no pueda ejercer su función fiscalizadora y denuncia que "aún facilitando la información por registro el gobierno tarda semanas en facilitar los datos". Dice que lleva desde agosto esperando a tener acceso al certificado de Intervención para verificar la nulidad de pleno derecho de las facturas de Ricarsat. En relación a esta polémica, Blanco considera que el hecho de que el alcalde decida no cubrir el puesto de coordinador de Emerxencias demuestra que "el cargo que ocupaba Faílde no era tan indispensable como defendía".
