La Xunta inyectó el pasado mes de marzo 600.000 euros extra en la renta de inclusión social (Risga) para atender la demanda de un cheque mensual de 400 euros de media destinado a personas que no alcanzan esos ingresos. Aunque se habían consignado 57,5 millones de euros para esas ayudas, la cifra más alta de su historia, parte de los fondos se destinaron a pagar ayudas atrasadas y son necesarios más para abonar las nuevas. En las comarcas el número de beneficiarios de esta renta social y de las ayudas de emergencia (AES) aumentó durante la crisis un 136%, aunque el mayor descenso de usuarios se constata claramente en la Risga una vez que se pasó de solamente 58 en 2007 a los exactamente 2000 del año pasado.
Los últimos datos divulgados por la Xunta sobre los beneficiarios de estas dos clases de prestaciones sociales indican que en los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Montes son 234, mientras que cuando comenzó a asomar la crisis eran solamente 99 en total.
Si observamos la evolución de las contraprestaciones económicas podemos ver como el número de perceptores de estas rentas en la zona, salvo casos muy puntuales, marcan una gráfica que parte de unos valores bajos y se incrementa considerablemente. El primer dato que llama la atención es como en Lalín pasó de haber una treintena de beneficiarios de estas ayudas hasta los 135. Los concellos pueden tramitar este tipo de ayudas para los vecinos. Según el informe de la Dirección Xeral de Inclusión Social de la Xunta, en la provincia destacan como núcleos tramitadores, y por este orden, los concellos de Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Ponteareas, O Porriño y Lalín. En Silleda solo constaban hace ahora diez años cuatro beneficiarios y en la actualidad son 11, de los que nueve son de la Risga. En Vila de Cruces había cinco ciudadanos de estas dos ayudas sociales autonómicas y ahora son también 11, todos de la Risga. En Rodeiro, según el informe hecho público por el Instituto Galego de Estatística (IGE) se mantienen los dos beneficiarios de la Risga al no aparecer compensaciones de emergencia social. En Agolada son ocho, uno menos que al comienzo de la crisis y en Dozón son dos, los mismos que había con anterioridad.
Hasta 18 estradenses recibían ayudas de la renta social y otros 17 de emergencia, mientras que el último balance señala que la proporción se ha incrementado hasta los 46 y siete casos respectivamente. En Forcarei es el único concello donde las ayudas bajan y pasan de tres a dos usuarios. Por último, en Cerdedo constaban seis altas en 2007 y ahora son 10.
Si la Xunta aprobaba en marzo más fondos para cubrir las necesidades de la Risga, un mes después se concretaba que se autorizaría a los perceptores de estas rentas compatibilizar el cobro de las mismas con un puesto de trabajo. Casi cuatro años después de promulgar la ley, el gobierno gallego preveía aprobar el decreto que permitirá aplicar ese cambio: añadirá un complemento público a receptores de esos cheques que tengan un salario hasta alcanzar en total los 954 euros mensuales. Para acceder a una Risga hay que tener más los 25 años y carecer en la unidad familiar de ingresos superiores a la cuantía que le corresponda de ayuda, así como de "bienes patrimoniales de los cuales se deduzca la existencia de medios suficientes para la subsistencia". El cheque supone 399 euros mensuales, que crecen en función de las cargas familiares hasta 718 euros con siete miembros en el hogar, incluyendo entre ellos menores de edad.
