El Concello de Lalín tendrá que hacer frente a un pago de 104.000 euros para la cofinanciación de las dos escuelas infantiles de la Xunta que hay en el municipio -polígono Lalín 2000 y Pontiñas-. Esta es la previsión del propio gobierno, después de que el pasado 27 de julio entrase en el registro la liquidación del primer semestre del curso 2016-2017 que asciende a 52.000 euros, importe reclamado por el ejecutivo autonómico. De esta manera, el cuatripartito se ve obligado a realizar una modificación de crédito para hacer frente a la anualidad; es decir, la partida exigida y la que previsiblemente entrará a finales de este año. Además de ello, con esta modificación, aprobada por unanimidad de la corporación, también se quiso dotar de crédito la aplicación dedicada a equipos musicales y museos con la intención de acometer la segunda parte de las obras de acondicionamiento de la Sala Tuno Valdés del auditorio de Lalín, por una cantidad de 61.000 euros, con el fin de poder utilizar de nuevo esta sala.
El pleno comenzó una vez más con el equipo de gobierno con nueve concejales, algo que no cambió en toda la sesión salvo un breve instante, el tiempo que pasó entre la toma de posesión del nuevo concejal José Manuel Fernández Taboada y la renuncia del edil José Manuel Hermida después de haber sido denunciado por un caso de presunto abuso sexual. Una vez que Fernández Taboada tomó asiento tras jurar el cargo, Hermida se despidió de la corporación de una manera concisa. El ya exedil recalcó que se trataba de "una decisión privada por un tema personal", y tras saludar uno por uno a todos los concejales de la corporación, abandonó el pleno, que prosiguió de nuevo con un edil menos en el equipo de gobierno.
La convocatoria continuó, para someter a votación la aprobación de la cuenta general de 2016 tras terminar su fase de exposición al público sin ninguna alegación. El PP, por medio de su portavoz, José Crespo, dio la bienvenida al nuevo edil "en esta dura batalla que es la política local"; al mismo tiempo, deseó suerte a José Manuel Hermida "en este trance que le tocó vivir y que no deseamos a nadie". Si bien, antes de discernir sobre la cuenta general, Crespo criticó las palabras del abogado de Hermida por ver motivaciones políticas en la denuncia al exconcejal. Retomando el punto en cuestión, el líder de la oposición manifestó que el grupo popular se iba abstener en la votación al considerar que la documentación fue facilitada en un tiempo limitado para su revisión, algo que la edil de Hacienda, Teresa Varela refrendó, ya que apuntó que "el 99% del documento ya lo conocéis". La votación contó solo con el voto a favor del gobierno y con la abstención del PP y del concejal no adscrito, Juan José Cruz.
El siguiente punto de la convocatoria trataba sobre la modificación de crédito con un importe total de 165.000 euros para la segunda parte de la obra de acondicionamiento de la Sala Tuno Valdés y para la financiación de las escuelas infantiles públicas. Varela, que presentó el expediente, explicó que todavía queda una tercera parte de la reparación y que tendrá un presupuesto superior a los 100.000 euros. Ésta seguramente contará con otra modificación de crédito una vez que se finalice el proyecto técnico. Asimismo, indicó que la segunda parte de la obra de la Sala Tuno Valdés constará en la instalaciación de la climatización, así como de un falso techo y la reposición de la iluminación, entre otras cosas.
El concejal de Bienestar Social, Nicolás González Casares, tomó la palabra para explicar la partida referente a las guarderías. El edil recordó que esta obligación proviene de un acuerdo entre la Fegamp (Federación Galega de Municipios y Provincias) y el Consorcio de Igualdade de Benestar, en el cual, los municipios con escuelas infantiles públicas tendrán que hacerse cargo de parte de la financiación de las guarderías. La reclamación de la Xunta es de 26.100 euros por cada una de las guarderías, un coste de 900 euros por plaza ocupada que servirá principalmente para sufragar costes de personal. Casares no dudó en criticar el pacto al no entender "por qué el Concello de Lalín tiene que hacer frente a parte de financiación de los centros sin tener ninguna manera de gestionar el día a día del funcionamiento de las guarderías", explicó. El concejal socialista resaltó que "este Concello va a hacer un esfuerzo que nunca hizo y obligado, porque no nos queda otra opción", por eso reclama al gobierno autonómico que "ya que hay que pagar 104.000 euros, gran parte de la financiación del funcionamiento de las escuelas infantiles, además del mantenimiento, más otras gestiones, debemos tener poder de decisión en el día a día".
Acuerdo inicial
Por su parte, el portavoz del Partido Popular, José Crespo, a pesar de decir que votarían a favor de la modificación, recordó que "este desaguisado con las escuelas infantiles viene del bipartito". Sostiene que el acuerdo inicial con gobierno autonómico era que aquellos ayuntamientos que facilitaran una finca para poder edificar las instalaciones simplemente tendrían que hacerse cargo del mantenimiento. Si bien, incide en que "la realidad era otra, puesto que la Xunta de Galicia no tenía presupuesto suficiente para mantener a lo que antes llamaban galescolas, por lo que no se cumplió para nada aquel pacto local que firmamos". Asimismo, defiende que es ahora el PP en el poder el que intenta regularizar la situación. Sin embargo, Casares le replicó que "es el gobierno actual el que hace esta reclamación, no el bipartito, impulsada por la decisión de recortar en políticas sociales".
Por su parte, el concejal no adscrito, Juan José Cruz, considera que hay "un error grande en la gestión en los edificios públicos" e instó al equipo de gobierno y al Partido Popular a sentarse con él para "trabajar en conjunto en una buena idea que tenemos para una moción para septiembre", manifestó. Además, calificó de "esfuerzo grande" la implicación del Concello en el Auditorio Municipal de Lalín.
Uno de los puntos más controvertidos de la convocatoria del pleno fue la moción presentada por el PP en la que solicitaba la comparecencia de la concejala de Cultura, Lara Rodríguez Peña, y si era necesario, su dimisión por la utilización privada de un vehículo municipal para la asistencia de una prueba de oposición en Pontevedra. Crespo tomó la palabra para explicar la solicitud de comparecencia puesto que "entendemos que esto tiene una gravedad política importante". El líder de la oposición denunció la actitud, no solo de Peña, sino también de los miembros del gobierno una vez que el Partido Popular dio a conocer lo ocurrido. Crespo recriminó la poca humildad por parte de la edil y considera "imperdonable" las acusaciones vertidas por el cuatripartito. El portavoz popular indicó que "sé que puede parecer una sumisión pedir disculpas a alguien del PP, pero quiero que le pida disculpas al pueblo de Lalín".
Además de ello, recordó el "ensañamiento" realizado en su momento por la oposición cuando la todavía concejala popular Paz Pérez Asorey también fue criticada por la utilización de un vehículo municipal, algo que tal y como reconoce Crespo "nada tiene que ver con esto". También señala que en aquel momento fue la propia Pérez Asorey la que pidió comparecer para explicar lo ocurrido, al contrario que la actual edil de Cultura.
Por su parte, Cruz indicó que "queda claro que el pacto de gobierno está incumplido y que Manuel Igrexas es una persona que debe pronunciarse", al recordar que este miembro de la Plataforma Aberta Cidadá (APAC) formó parte del acuerdo del cuatripartito, de modo que lo insta a acudir al próximo pleno municipal.
Peña, en su respuesta, se mostró tajante. Indicó que no tiene "ningún problema en comparecer, hago encantada ese ejercicio de pregunta respuesta". Manifestó que no entraría en ningún tipo de debate, que no haría ningún ejercicio del "y tú más" y que tampoco haría referencia a los usos del coche oficial en la época que José Crespo era alcalde de Lalín. No obstante, apuntó que lo que verdaderamente le molesta es "esa falta de humildad de la que me tildan por no pedir perdón, pues yo no tengo que pedir perdón al PP por nada", recalcó. La edil se colocó en las antípodas ideológicas del PP: "Ni yo les represento, ni ustedes me representaban a mi cuando gobernaban", apuntó la edil de APAC, criticando también "la manera en la que está actuando el PP en todo el país, con casos como Miño, Coristanco o Val do Dubra, con un trabajo completo de desgaste de los gobiernos del cambio, al igual que ocurre aquí". Toda la corporación votó a favor de la comparencia de Peña, dejando a un lado la petición de dimisión, que, finalmente, no llegó a formularse.
El gobierno tuvo que realizar una propuesta de urgencia para aprobar un informe técnico en el que se resuelve el recurso de reposición presentado por Servizos Sociais á Comunidade SL contra el acuerdo del pleno de la corporación el 30 de junio en que el que se acuerda adjudicarle el contrato de Servizos de Axuda no Fogar (SAF) a la firma Galaurea SL. El expediente desestima este recurso, pero debe ser el propio pleno, como órgano de contratación el que lo apruebe. Asimismo, el PP decidió abstenerse, mientras que Cruz, al denunciar que no se le había facilitado la información de la moción, se opuso. Crespo, conminó al gobierno a sentarse a negociar con las dos empresas implicadas para evitar un contencioso.
El concejal no adscrito también presentó una moción de urgencia en la que pedía al ejecutivo que limpiase las dos fincas de carácter municipal próximas en la rúa 20. Una solicitud que contó con el apoyo de todos los presentes.
