Unións Agrarias y el Concello de Lalín convocarán el lunes a los vecinos a una reunión informativa (21.30 horas en el salón teatro) para explicar el alcance del proceso de regularización catastral puesto en marcha por el Estado y valorar sus consecuencias en el sector agroganadero. Así se acordó ayer en una reunión en la que representantes de la central sindical se citaron con el gobierno local. Al mismo acudió el alcalde, Rafael Cuiña, y los concejales Nicolás González Casares (Urbanismo) y Xosé Manuel Hermida (Agricultura) y allí se puso de manifiesto "la falta de información que en general hay en el rural sobre este proceso, lo que provoca que se estén produciendo un gran número de reclamaciones en la semana en la que comenzaron a llegar las notificaciones". Ayer decenas de vecinos se acercaron a las oficinas del ORAL para recibir asesoramiento. A iniciativa del concello, esta campaña se extiende a las tardes, con ediles del gobierno local a disposición de los afectados.

El ejecutivo local destacó además que en la reunión se trató la bonificación del 95% aprobada a las explotaciones ganaderas en el pago del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que tendrá su efecto el próximo año dentro de este proceso de regularización de bienes. Cuiña hizo referencia a la preocupación que existe en el rural lalinense acerca de este procedimiento, que calificó como "un nuevo ataque del Partido Popular a nuestro rural" y recordó que el cuatripartito "siempre se posicionó al lado de los productores, de modo que se pusieron en marcha medidas legales necesarias para paliar los graves efectos de este proceso sobre el sector lácteo y el rural en general".

15 días para reclamar

Román Santalla, representante comarcal de Unións Agrarias, también acudió a la reunión. Destacó que estos días están llegando al rural millares de cartas y que los afectados solo disponen de 15 días hábiles desde que son notificados para presentar posibles recursos. Santalla cuestiona el proceso por, a su juicio, tener constancia de numerosos errores en los que unas propiedades se vinculan a otros propietarios e incluso se dan de alta bienes de titularidad pública a nombre de particulares. El sindicato -el único con presencia en la reunión de ayer- realizará una campaña informativa y elevará a los concellos de las comarcas mociones en las que se solicita la supresión de la tasa de 60 euros que el ministerio cobra por cada expediente abierto. También cree conveniente que otros municipios se sumen a Lalín y Silleda en la bonificación del 95% en el IBI. Por último señala que en este proceso, en el que se incluyen bienes situados fuera de núcleo rural, se están realizando unas valoraciones desproporcionadas de construcciones anexas vinculadas a las granjas. Opina que sería necesario ajustar su valoración catastral, pues en muchos casos la de mercado incluso estaría por debajo de la tasación oficial.