Las elecciones de 2015 fueron una vorágine, con decenas de concellos que dejaron de tener al PP al frente para pasar a manos de las fuerzas de izquierda. Los nuevos aires políticos prometían reorientaciones, como prescindir de los coches oficiales. Fue, por ejemplo, lo que iba a hacer la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (de Ahora Madrid) con medio centenar de sus 98 coches oficiales. A día de hoy tiene la misma flota y la regidora acude a actos oficiales en las berlinas y con gabinete.
Más cercano en la geografía, está el alcalde socialista de Ponteceso, Lois García Carballido. En julio del año pasado, decidió que después de acudir a la 24ª Festa de Exaltación do Percebe de Corme, viajaría en un coche rotulado de la Policía Local (un Renault Megane) a Sestao, en Vizcaya, a 1.400 kilómetros y para estar en la fiesta de una hermandad para promocionar este marisco. Condujo él, acompañado por un amigo, y gastó en torno a 200 euros. Arguyó que, de haber ido en avión, la cifra subiría a 500.
El caso de A Coruña es peor. En este concello cada gobierno que entra se plantea prescindir de los coches oficiales, pero los ejecutivos se marchan y los vehículos se quedan. Los gobiernos anteriores de PP y bipartito habían vendido cinco, de modo que a la llegada de Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) a la Alcaldía, quedaban dos. Habían costado 65.000 euros, cada uno. Ferreiro también contemplaba deshacerse de estas berlinas. En abril del año pasado tiró de coche municipal (fue uno de la Policía) para ir a Vigo y presenciar el derby entre el Depor y el Celta. Argumentó que lo había hecho por razones de seguridad. El coste fue de unos 53 euros, entre peajes y comida de los dos agentes que lo acompañaron. Pero es que Ferreiro en estos dos años solía usar el vehículo de la asistenta de protocolo para acudir a actos institucionales, a pesar de que en reiteradas ocasiones afirmó que se desplazaba en transporte público. Es más, la asistenta incluso hizo de chófer y lo llevó hasta en cuatro ocasiones a Santiago. El PP, desde la oposición, lo interpeló por estos hechos, pero se le dijo que esta cuestión quedaba fuera de interés dentro del punto de vista de control de la actividad municipal.
En esta lista también puede incluirse al alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (Ferrol en Común), que iba a ceder el Peugeot 607 (costó 41.000 euros) a entidades sociales, pero que sigue teniéndolo porque resulta más fácil que cobrar dietas por acudir a actos oficiales, dice. Y, en cuanto al poder local bajo el manto de la derecha política, el edil de Medio Ambiente de Boadilla del Monte (al norte de Madrid), Javier Úbeda, solía compaginar viajes públicos y privados en un coche eléctrico, un Renault ZOE, que se compró en 2013 para mantenimiento de alumbrado público, áreas infantiles y mobiliario urbano.
Pero tranquilo, lector, porque sí hay promesas que sí se cumplen: ahora, en el ayuntamiento de Valladolid, sus 29 ediles (incluidos los de la oposición) pueden usar los vehículos municipales siempre que tengan con ver con su labor pública. Así lo decidió su gobierno de coalición. El anterior alcalde, Javier León de la Riva (PP) acostumbraba a usarlos para acudir a los partidos de fútbol, con escoltas incluidos. En Villafranca de los Caballeros, (Toledo), el regidor socialista Julián Bolaños se deshizo del Peugeot 406 oficial y utiliza o bien su propio coche o su bici. El regidor de Cádiz, José María González Santos, opta por el bus, un taxi o caminar.
