Los vecinos de Lalín afectados por el proceso de regularización catastral impulsado por el Estado y de obligado cumplimiento, comenzarán a recibir las correspondientes notificaciones en sus domicilios a partir de la próxima semana. Así, tal y como informan los concejales delegados de Facenda, Teresa Varela y de Relacións co ORAL, Francisco Vilariño, el servicio de ayuda y asesoramiento a particulares puesto en marcha por el Concello de Lalín sobre esta cuestión comenzará a ofrecerse en las oficinas del citado ORAL desde el día 16.

La habilitación de este servicio es posible gracias a las gestiones realizadas por el gobierno lalinense con el organismo fiscal, ya que como recuerdan los concejales, "esta regularización es totalmente ajena al Concello y viene impuesta por el Ministerio de Hacienda de Montoro con exclusivo afán recaudatorio". En este sentido indican que "lo mínimo que podemos hacer desde e gobierno es ayudar lo máximo posible a la ciudadanía indefensa en esta situación, poniendo a su disposición, en colaboración con el Oral, personal adecuado para atender sus demandas y consultas". Asimismo informan de que, a mayores de la atención en las oficinas del ORAL, los propios concejales prestarán ayuda al público por las tardes en el consistorio para tratar de resolver posibles dudas.

El procedimiento de regularización catastral puesto en marcha a través de una ley estatal y de obligado cumplimiento, incorporará al padrón municipal de Lalín más de 4.000 bienes inmuebles. Entre estas altas realizadas por la empresa contratada por Catastro, salieron a la luz 1.100 nuevas construcciones, 2.300 obras de ampliación, 660 reformas, 14 piscinas y 40 locales comerciales urbanos. Los propietarios de los bienes incluidos en el padrón tendrán que abonar 60 euros por cada expediente tramitado.

Teresa Varela y Francisco Vilariño insistieron en cuestionar esta revisión catastral "que no se adapta a la realidad del territorio gallego, que viene impuesta desde Madrid con el único propósito de cobrar". Por esta razón, hacen hincapié en que "habilitar el servicio de ayuda y asesoramiento es una obligación por nuestra parte, porque los vecinos están indefensos ante esta situación". Finalmente, contraponen este procedimiento con lo consideran "la mayor bajada de impuestos de la historia de Lalín", puesta en marcha por el ejecutivo local este año.

La Dirección General de Catastro comenzó a rastrear el municipio lalinense el año pasado en busca de propiedades sin dar de alta y el resultado son exactamente 4.114 bienes que se sumarán al registro municipal y, en consecuencia, los propietarios de los mismos, comenzarán a tributar por ellos.

Lalín fue, junto a Silleda, un municipio pionero a nivel gallego a la hora de plantear una bonificación para el sector agroganadero, sumido en una crisis económica desde hace años. En mayo del año pasado se aprobó en pleno que el gobierno local devolvería el 95% del recibo. Para ello, fue preciso declarar a la agroganadería como un sector estratégico para el municipio. A la iniciativa que pusieron en marcha Trasdeza y Lalín ya se sumaron otros municipios, como Muxía, Curtis o Santiago.