La Agencia Tributaria remitió una notificación a una vecina de Lalín de Arriba, en la que le informa de la incoación del proceso de embargo de su piso y de un bajo debido al impago de la cuota que le correspondía por la urbanización del Agro de Lalín de Arriba, que se acometió entre los ejercicios de 2005 y 2008. Estas cartas están llegando, también, a los propietarios de solares que en su momento se opusieron a dicha urbanización, pero que se acometió al estar apoyada por la mayoría de dueños. Cabe recordar que el gobierno del PP propuso a los afectados que desarrollasen por su cuenta un plan parcial, pero ante la negativa de éstos, el gobierno local asumió una urbanización cuyo coste se situó en los 2,77 millones de euros.

Familiares de la nonagenaria señalan que la mujer en numerosas ocasiones le ofreció al gobierno de José Crespo que se quedase con la finca, a modo de pago de los 180.000 euros que le correspondían de cuota. Pero desde el ejecutivo se le señaló, según apuntan los parientes, que con esta urbanización podía construir un edificio sobre el solar, de modo que, a medio plazo, recuperaría ese dinero. La parcela, junto al colegio Manuel Rivero, está valorada en 300.000 euros, de modo que cubriría de sobras esa tasa. A esta vecina, además, ya se le retiene parte de la pensión (cobra en torno a 600 euros). Por eso, este clan no entiende por qué se procede al embargo de un piso, ajeno a todo este proceso y que, con un valor aproximado de unos 100.000 euros, no cubriría toda la deuda.

Aunque las notificaciones están llegando ahora, Lalín ya envió en 2009 y 2010 al ORAL la orden para la recaudación por vía ejecutiva de los impagos. Este organismo, al carecer de capacidad para materializar esta orden, pasa el trámite a la Agencia Tributaria, que sí permite formular alegaciones y que "solo informa sobre si se logró o no ejecutar el embargo", indican desde el actual gobierno cuatripartito.

La familia de esta vecina intentó arreglar la situación tanto con el gobierno del PP como con el de coalición. El exconcejal de Medio Rural de los populares, Antonio Rodríguez, contactó con la mujer y le aseguró que consultaría si había alternativas al embargo. Meses atrás, los familiares hablaron también con el alcalde, Rafael Cuiña, y el edil de Urbanismo, Nicolás González Casares, "en un par de ocasiones. Quedaron en llamarnos", pero no se produjo ningún tipo de movimiento hasta ayer, a raíz de que la queja de los familiares se dio a conocer a través de una red social. Incluso, según indican los parientes, no hubo ningún tipo de respuesta al correo que se le envió hace un mes.

Desde el cuatripartito se insistía ayer en que esta polémica "se corresponde con una gestión del anterior gobierno, que diseñó las normas de compensación" de esta urbanización. Se añade que "se va a intentar hacer de mediador, tanto con los responsables del ORAL como de la Agencia Tributaria", y recalca que nunca, desde el Concello, se ordenó embargar nada, simplemente se limita a enviar los impagos. "Haremos lo posible para evitar esta situación", se añade desde el gobierno.

Las cartas de notificación llegaron tanto a esta vecina como a sus hijos, en calidad de herederos. Descartan poner en marcha una plataforma o colectivo similar con los otros propietarios que tampoco abonaron las cuotas.