El proceso de regularización catastral que se inició de forma escalonada en 2013 en todos los municipios españoles afectó en Vila de Cruces a 318 inmuebles, de los que 247 son de carácter urbano y los 71 restantes, rústicos. El conocido como "catastrazo" procede ya de la era Aznar, en 2004, y saca a la ampliaciones y reformas que no se dieron de alta en su momento, al mismo tiempo que obliga a pagar el IBI a construcciones ganaderas como galpones, naves o invernaderos.
En el caso de Vila de Cruces, el proceso culminó ya en 2015, de forma que los afectados ya están pagando el recibo que les corresponde, después de notificárseles previamente qué bienes quedaban regularizados, cuál era su valoración catastral (el recibo será del entre el 0,3 y el 0,9% de esa valoración) y, además, la necesidad de pagar a mayores 60 euros a modo de tasa por los trámites y gastos que supuso el alta de estos bienes. Es precisamente en esta fase donde se encuentra el concello vecino de Silleda, cuyo proceso remata este 30 de julio al igual que en Lalín y Dozón. En Trasdeza se detectaron 2.700 construcciones sin legalizar. En A Estrada, Forcarei y Rodeiro el proceso rematará el 30 de noviembre, mientras que en Cerdedo se finiquitó también en 2015 (Cotobade tiene también hasta el 30 de noviembre), y en Agolada está listo desde julio del año pasado.
