La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria todavía no ha recibido "ningún tipo de información oficial del órgano judicial" -el Juzgado de Instrucción Número 2 de A Estrada y la Fiscalía de Menores de Pontevedra- a quien la Benemérita le entregó las diligencias de la Operación Captor, desarrollada en el último mes para "esclarecer las circunstancias y depurar responsabilidades en el 'hackeo' masivo" de las cuentas de correo electrónico corporativo de los profesores del IES Manuel García Barros. Este presuntamente habría sido perpetrado por alumnos del centro a los que la Guardia Civil les atribuye un "delito de pertenencia a grupo criminal", "perfectamente organizado, jerarquizado y con las misiones perfectamente distribuidas" para recopilar contraseñas con un software ilegal instalado en ordenadores del centro, acceder a los correos, sustraer los exámenes y distribuirlos. Aun así, después de que la Benemérita, valorando las responsabilidades de dentro del grupo detuviese a 5 alumnos (dos de ellos menores de edad) e investigase a 10 personas (9 alumnos de los que 6 son menores y una profesora que imparte clases particulares en la villa), la Xunta aseguró ayer a FAROque "le garantizará asistencia legal gratuita a los docentes una vez se abra el proceso".

"Como no podía ser de otro modo", agregaban las mismas fuentes, "mostramos nuestra disposición a colaborar en todo lo que el profesorado afectado y la dirección del centro precisen" . El día anterior la CIG había desvelado que la Xunta de Persoal Docente de Pontevedra aprobó el 15 de junio una resolución de todas las organizaciones sindicales que pedía que la Xunta brinde "apoyo legal y se persone como acusación en el caso denunciado para protección de los datos de todo el alumnado y profesores".

27 docentes afectados

Y es que, de acuerdo con las conclusiones de la investigación policial, los artífices de la idea habrían conseguido las contraseñas de las cuentas de los correos electróncios corporativos de, al menos, 27 profesores del centro. Y de ahí "sustrajeron todo tipo de documentación, información y archivos, fundamentalmente los exámenes": el "objetivo" que, a priori, perseguían. El inicio del "hackeo" podría remontarse a febrero pero trascendió en mayo.

A finales de ese mes -doce días después de que trascendiese la masiva vulneración de sus cuentas, el único comunicado hecho público por los profesores apuntaba que se habrían producido de manera masiva "accesos ilícitos" a los correos de los docentes y la "probable vulneración de la privacidad de datos, profesionales y personales". Esto fue precisamente, lo que motivó la denuncia del profesorado ante la Guardia Civil.

Formación al profesorado

En línea con lo ya anunciado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), la Consellería de Educación apuntó ayer que se incrementará la información al profesorado" para difundir las "reglas básicas de seguridad en cuanto al uso de los dispositivos tecnológicos" a las que ya aludía la Amtega. Esta es la "responsable del sistema informático operativo en los centros", explicaba ayer la Xunta. Por eso, preocupada por lo ocurrido, proyecta trabajar con la Amtega para "valorar los procedimientos de acceso" vigentes en los centros educativos. El objetivo es que no vuelva a suceder lo ocurrido en el instituto de A Estrada.

En la calle, muchos vecinos se preguntaban ayer qué ocurrirá ahora con los implicados en la Operación Captor y si la Xunta va a adoptar alguna medida académica con ellos al entender que la información privilegiada a la que habrían tenido acceso presuntamente podría haber inflado sus notas respecto de las obtenidas por alumnos que se presentaban a los exámenes tras haber estudiado, sin la indudable "ayuda" que supone conocer las preguntas de antemano.

A este respecto, la Xunta evitó dar más detalles de los que ya había facilitado en fechas próximas. Y esos datos demuestran que alguno de los implicados tendrá que ir a los exámenes de septiembre, realizándolos en el propio IES García Barros.

Así lo decidieron la Xefatura Territorial de Educación y la Inspección Educativa después de que el centro educativo le diese traslado de los expedientes abiertos a tres alumnos. Se autorizó su "cambio de centro", de modo que a partir del curso 2017-2018 no podrán seguir en el García Barros sino que tendrían que matricularse en el IES Antón Losada Diéguez.