Los cinco alumnos detenidos - dos de ellos menores de edad- por la Guardia Civil como consecuencia de las investigaciones de la Operación Captor, abierta para "esclarecer las circunstancias y depurar responsabilidades en el hackeo masivo" perpetrado en el IES Manuel García Barros de A Estrada, quedaron en libertad a la espera de ser citados por la autoridad competente, ya que la Benemérita ha entregado las diligencias instruidas en relación con este asunto en el Juzgado de Instrucción Número 2 de A Estrada (para los mayores de edad) y en la Fiscalía de Menores de Pontevedra (en el caso de los menores).
Los cinco detenidos ya citados y otras diez personas más identificadas y posteriormente investigadas ("con distinto nivel de responsabilidad") es el balance provisional de las investigaciones llevadas a cabo por el instituto armado. A todos ellos, tanto a los detenidos como a los investigados, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín -responsable de la investigación- les atribuye la presunta "comisión de un delito de pertenencia a grupo criminal, revelación de secretos y contra la intimidad y dos delitos de estafa". No obstante, valorando las distintas responsabilidades que tenían dentro del citado grupo y su grado de participación, la Benemérita procedió a detener a 5 de ellos y a investigar a los 10 restantes.
La investigación de la Benemérita concluye que conseguir los exámenes del mayor número posible de asignaturas era el objetivo y también la finalidad que perseguían los implicados con el acceso a los correos de los profesores. Y concluye también que para ello constituyeron "un grupo perfectamente organizado, jerarquizado y con las misiones perfectamente distribuidas".
Según pudo saber esta Redacción, tres de los detenidos son mayores de edad y dos menores. dado que tienen 17 años. La Guardia Civil les considera los principales responsables de la organización y los encargados de recopilar las contraseñas, acceder a los correos y sustraer los exámenes.
Y entre los investigados, habría otros nueve alumnos del instituto de edades comprendidas entre los 17 y los 18 años. Según pudo saber FARO, tres son mayores de edad y seis, menores. La décima investigada "es una vecina de A Estrada que se dedica a impartir clases particulares de refuerzo en la misma localidad", según fuentes del instituto armado.
La Benemérita estima que este segundo grupo de investigados eran los encargados de la distribución de los exámenes a través de las redes sociales, fundamentalmente mediante tres grupos de WhatsApp.
En cuanto al hackeo, afectó al menos a 27 profesores del centro, cuyas contraseñas de correos electrónicos corporativos obtuvieron los artífices del hackeo presuntamente mediante un software ilegal que registraba "las pulsaciones que se realizaban en el teclado, generando y memorizando un fichero de texto con todo el contenido".
Así lo confirman las investigaciones efectuadas por el Equipo de Policía Judicial de la Benemérita de Lalín en el marco de la Operación Captor, iniciada a mediados del pasado mes de mayo, cuando se tuvo "conocimiento y denuncia de que una importante cantidad de profesores del centro estaban recibiendo avisos de accesos a sus cuentas corporativas de correo electrónico, desde otros equipos informáticos no autorizados".
Tras descartar la posibilidad de que las contraseñas de los correos electrónicos de los profesores afectados pudiesen haberse quedado memorizadas en los equipos de las aulas del centro, la Benemérita procedió a efectuar un análisis pormenorizado de todos los ordenadores del instituto. Fue así como pudo constatar que los equipos de primero y segundo de Bachillerato, cuarto de ESO y las aulas informáticas tenían el citado software ilegal que guardaba todo lo tecleado en un fichero de texto.
Fue así como presuntamente los "artífices de la ideaconsiguieron las contraseñas de las cuentas de los correos electrónicos corporativos de al menos 27 profesores del centro, de donde sustrajeron todo tipo de documentación, información y archivos, fundamentalmente los exámenes que, a priori, era el objetivo que perseguían".
A continuación, los agentes del instituto armado también averiguaron los números IP que identifican los equipos a través de los cuales se accedieron a las cuentas corporativas de los profesores y a los ordenadores de las aulas virtuales, cuyos usuarios, una vez identificados, resultaron ser alumnos del IES Manuel García Barros.
En cuanto a los dos delitos de estafa, se deben a que la Benemérita ha podido demostrar que realizaron dos compras a través de internet cifradas en 400 euros, utilizando para ello el número de cuenta de una tarjeta bancaria al que tuvieron acceso mediante el correo de uno de los profesores afectados.
