Uno de los objetivos de las Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) de Galicia es fomentar una producción forestal en los suelos más aptos para esta actividad, para así salvaguardar terrenos que resultan idóneos para cultivos agroganaderos. Pretenden, además, que con esta producción sostenible se mejore la competitividad económica, se garanticen los recursos hídricos y se fije población en el rural.
Así pues, las DOT prevén que cada municipio diseñe un plan de ordenación forestal, en el que tienen cabida las superficies tanto de caducifolias, como de perennifolias, coníferas y afloramientos rocosos, pero también zonas quemadas y pastizales. Dichas directrices se aprobaron de forma definitiva en 2011, y según un estudio elaborado cinco años después, en toda Galicia ya se dispone de 199.928 hectáreas forestales con proyectos. Es la provincia de Pontevedra la que posee una mayor ratio de superficie forestal con gestión frente a las zonas arboladas, desarboladas y pastizales de 2011, al alcanzar un 15%, con 46.245 hectáreas. Pero este buen porcentaje no se debe, precisamente, a la evolución de la ordenación forestal en las comarcas: entre los nueve municipios (los datos son de 2015, cuando Cerdedo aún no se había fusionado con Cotobade) suman 2.143,1 hectáreas sometidas a planes de ordenación. Para darnos una idea, esta cifra es sólo la tercera parte de las 6.032 hectáreas que gestiona el municipio de Oia.
La carga agroganadera y la necesidad de base territorial que padecen, desde hace décadas, las granjas, pueden explicar esa carencia de planes oficiales que gestionen la producción de madera y otros recursos forestales. De hecho, hay tres municipios dezanos que no tienen ningún terreno con proyectos forestales sostenibles: son Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. A ellos se suma la capital de Tabeirós-Terra de Montes, A Estrada. El predominio de los terrenos cultivados sobre la superficie que se destina a producción forestal también es la explicación de que Lalín y Dozón, con un tamaño muy inferior en comparación con la capital dezana, tengan gestionadas casi las mismas hectáreas forestales: 238,8 y 232,2, respectivamente. Y, aunque la gestión forestal avanza poco a poco desde la aprobación de las DOT, su porcentaje en relación a la superficie arbolada, desarbolada y de pastizales que había en 2011 también es desigual para estos dos municipios: en Lalín supone un 1,3% (el más bajo de toda la zona), mientras que en Dozón ya llega al 4,9.
Sin salir de Deza, Agolada es el tercer municipio que también cuenta con planes de ordenación forestal, que afectan en concreto a 378, 3 hectáreas, que son una mejora del 3,7% en contraste con 2011.
Así las cosas, los proyectos de gestión forestal se concentran en Terra de Montes. Forcarei y Cerdedo, dada su gran extensión de monte, lideran de lejos estos instrumentos de ordenación. El municipio forcaricense ya planifica la producción forestal en 759,5 hectáreas, que son el 5,9% de la superficie arbolada y de pastizal de 2011. Cerdedo, por su parte, extiende esta planificación a 534,3 hectáreas, es decir, el 7,7%.
La falta de planeamientos desde la administración local no quiere decir que no existan iniciativas de montes mancomunados. Por poner solo algunos ejemplos, desde hace años la comunidad de propietarios de Sanguiñedo, en Dozón, baraja introducir en sus montes vacas cachenas o caballos, o los comuneros de Parada, en Silleda, años atrás se organizaban en turnos para vigilar sus plantaciones en las épocas de alto riesgo de incendio. Desde 2006, los en torno a 70 comuneros también se encargan de supervisar el buen estado de las pistas forestales y las captaciones de agua.
Bando en Vila de Cruces
Por otra parte, desde la Consellería de Medio Rural se prohibe, desde ayer, la quema de restos agrícolas y forestales, a la vez que se suspenden todos los permisos que fuesen concedidos previamente para estos días. Además, desde el Concello de Vila de Cruces se emite un bando con los requisitos a seguir para limpiar fincas urbanas y rústicas, de cara a la prevención de incendios forestales. Hay que retirar la maleza y podar en una franja de 50 metros en torno a núcleos rurales y urbanos, así como en viviendas aisladas, equipamientos, parques e instalaciones industriales. En los primeros 30 metros no puede haber tojos, retamas, pinos, eucaliptos ni acacias. Si se obvian estas medidas, el Concello puede imponer sanciones de entre 300 y 6.000 euros, o encargarse del trabajo y pasar la factura al propietario.
