El gobierno alega que 40 vecinos de Bendoiro avalaron con firmas que el vial no era público

Señala que la finca objeto de litigio fue registrada en 2003 por el particular codemandado junto con el Concello -Acusa al PP de dejar "durante años" que este asunto "se enquistase"

09.06.2017 | 03:45
El paso cortado comunicaría Vilasoa con la pista de Santiso. // Bernabé/Javier Lalín

El grupo de gobierno lalinense salió ayer al paso de las acusaciones del PP sobre la sentencia que condena al Concello a recuperar un camino público en el lugar de Vilasoa (Bendoiro) después de que una vecina llevase ante la justicia a la administración local y a otro particular.

La reacción del ejecutivo llega de dos maneras. Por un lado dice que acata el auto y por otro carga contra los populares a los que les echa en cara "que dejasen que se enquistase un litigio que precisamente por su falta de respuesta acabó en una denuncia en el juzgado". El ejecutivo de Rafael Cuiña dice que el PP es perfectamente conocedor de este caso porque "viene de su etapa al frente del Concello" y por eso cuestiona que el grupo de la oposición le reproche inacción en la defensa del interés público. Además, asegura que existían dudas sobre la titularidad del camino, tal y como consta en un informe de la asesoría jurídica municipal. Cita que en el mismo se determina que los tribunales se habían pronunciado en los dos sentidos. La finca, asimismo, estaría inscrita desde el año 2003 a nombre del codemandado, por lo que en caso de que el Concello actuase podría tener que enfrentarse a una acción legitimada por la Ley Hipotecaria, una vez que a todos los efectos los derechos reales inscritos en un registro corresponden al titular del bien en cuestión.

Otro argumento de defensa del ejecutivo, en un pleito que perdió por fallo firme y que lo obliga a realizar acciones encaminadas a recuperar la titularidad pública del paso de Vilasoa, es que el citado paso no aparecía recogido en el plan urbanístico y tampoco en el inventario municipal o en los planos de la concentración parcelaria. O que en mayo de 2015 un escrito firmado por más de 40 vecinos de la zona "negaba que ese camino tuviese un uso público desde hace décadas". "El Concello acata la sentencia, como no puede ser de otra manera, pero considera que existían elementos suficientes para respaldar la postura adoptada en este asunto por la dudas razonables que existían". En relación a la recogida de firmas, vecinos consultados afirman que una representante del ejecutivo local estuvo al tanto del asunto e incluso habría arriesgado a favor del argumento defendido por la parte a la que finalmente la justicia no le dio la razón. El PP pidió anteayer al gobierno explicaciones convincentes, sin descartar la solicitud de la comparecencia en pleno del alcalde, Rafael Cuiña, o del edil de Rural, Miguel Medela.

Mientras, el gobierno lanza otra crítica al grupo de la oposición por censurar ahora un conflicto que debió resolver en su etapa al frente del consistorio. "Fue precisamente el PP el que habilitó y acondicionó otra vía de paso en las proximidades del camino objeto de la disputa entre los vecinos, lo que demuestra que su reacción ante la sentencia no es más que una nueva muestra de cinismo". Añade que sobre el pago de 500 euros de costas procesales, esta cuantía nada tiene que ver con "los grandes desembolsos que hubo que hacer con dinero público en otros litigios de la etapa del PP". Y desmiente cualquier tipo de "afinidad política" con ninguna de las partes implicadas. "Se toman las decisiones con criterios objetivos en defensa del bien común y que el PP se atreva a insinuarlo no hace más que dejar en evidencia a quien tal vez estaba acostumbrado a actuar en base a criterios arbitrarios y partidistas", arguye.

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