"Pinchar un teléfono a un narcotraficante debería ser algo absolutamente normal y fácil para un policía o un miembro de una fuerza de seguridad y, sin embargo, lo que nos encontramos es que, en muchas ocasiones, tienen que pasar un auténtico calvario de autorizaciones" para lograrlo y avanzar en la investigación. Son explicaciones del gerente de la Fundación Galega Contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, entidad organizadora de la jornada "Nuevos retos de la lucha contra el narcotráfico en el siglo XXI", que se celebró ayer en las instalaciones de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) de A Estrada.

La necesidad de facilitar el proceso de autorización de las escuchas telefónicas para evitar "absoluciones de narcotraficantes por culpa de su invalidación", de defender la creación de juzgados específicos en la lucha contra el narcotráfico y de implementar la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad fueron algunas de las conclusiones a las que llegaron los participantes en las citadas jornadas, inauguradas por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en compañía del director xeral de Emerxencias e Interior, Luis Menor, del jefe superior de Policía de Galicia, Manuel Vázquez López, del alcalde de A Estrada, José López Campos, y del miembro de la citada Fundación, Jesús Palmou.

"Lo que buscamos es recoger sugerencias de los implicados en la lucha antidroga y que la mayor parte posible de ellas se conviertan en realidad", apuntaba en la mañana de ayer Alonso, respecto a los objetivos del foro, en el que participaron cerca de un centenar de agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y Policía Local, entre otros agentes.

La jornada sirvió también para informar del funcionamiento del Servicio de Gestión de Bienes Decomisados del Narcotráfico en Galicia, que está en su segundo año de funcionamiento. "Con este servicio el narcotraficante deja de disfrutar de forma inmediata del patrimonio de bienes muebles, que se vende anticipadamente", precisó Alonso. En este sentido, explicó que el año pasado gestionó la decomisación de doce bienes -vehículos, en su mayor parte, y embarcaciones- y en lo que va de año, de 42.