La Xunta ha aumentado la valoración de los bienes urbanos en los tres principales concellos dezanos para recaudar en operaciones como tributaras como las de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que se aplica, entre otras operaciones, a la compraventa de pisos usados; y el de Sucesiones y Donaciones, que grava las herencias. Los nuevos coeficientes, dados a conocer esta semana en el DOG, son más altos que los aprobados a finales de 2015 en Lalín, Silleda y Vila de Cruces, mientras que en los demás municipios se mantienen.
La Consellería de Facenda modificó hace dos años el sistema de valoración de bienes para cobrar impuestos, dejando de ser una estimación del precio de mercado y pasando a aplicar un coeficiente, un porcentaje sobre el valor catastral específico por municipio. Mediante esta valoración se calcula el cobro, como habíamos apuntado, de los tributos de sucesiones y donaciones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Al elevarse el coeficiente el resultado es que el particular va a pagar más en estos casos a la administración autonómica, aunque a mayores en concellos de Deza y Tabeirós-Montes el valor catastral de los bienes inmuebles ya está demasiado alto en comparación con otros. Para realizar este cálculo se toma como referencia el valor catastral y luego el coeficiente que, en Lalín pasa del 1,2 al 1,3%. En Silleda aumenta del 1,7 al 1,8 y una décima sube en Vila de Cruces desde el 1% anterior. En Rodeiro y Agolada mantiene en el 1,8, también en Dozón, mientras que en A Estrada sigue en el 1,5 y en el 1,2 en Forcarei. En lo que respecta a Cerdedo-Cotobade el coeficiente está en el 1,4; con un recorte de una décima en el primer municipio antes de su fusión y sin cambios sobre el que Facenda tenía en Cotobade. La base de dicho coeficiente es la ponencia de valores de cada concello, pero la consellería no trata igual a uno que tenga una ponencia de hace tres décadas que los que la hayan actualizado más recientemente. Así, en Lalín es de 2003, pero en A Estrada es de 1996. La de Silleda data de 1988, de 2001 la de Vila de Cruces y de 2008 la de Forcarei. En los casos de Rodeiro, Agolada y Dozón sus ponencias están vigentes desde 1987. Además, Lalín, Silleda y A Estrada también resultan afectados por una subida en el coeficiente de mercado hasta el 1,3.
En 2011, aunque con efectos ya para las comprobaciones pendiente s del año anterior, la Xunta había puesto en marcha un nuevo sistema para valorar los bienes que se declaran en sus principales impuestos. A partir de estudios de mercado, Facenda estimó unos precios medios para las viviendas que provocaron una enorme polémica entre los expertos fiscales por disparar las tasaciones en pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Desde entonces, las reclamaciones y denuncias judiciales han ido en aumento y el 80% acaba con un fallo a favor del ciudadano por falta de motivación en las revisiones de la administración. Tras las bajadas que la Xunta aplicó para adaptarse a la realidad del sector y, de paso, amortiguar la polémica, la "recuperación" del mercado inmobiliario. Por eso, según el departamento que dirige Valeriano Martínez era aconsejable acometer una actualización de valores. Cuando entró en vigor el sistema, el precio de la vivienda en Galicia acumulaba una caída ya del 3,2%, a la que luego siguió, entre 2011 y 2014, otro desplome superior al 30%. En el caso de los inmuebles de segunda mano, que son los que pagan el ITP en una venta, el descenso llegó incluso al 41%.
