En el presente ejercicio se cerrará la actualización catastral en 144 concellos gallegos. La revisión, que se conoce con el nombre de 'catastrazo', se activó desde la Dirección General del Catastro en 2013 y se aplica de forma escalonada en los municipios para regularizar bienes urbanos que han sufrido modificaciones y que no se han comunicado, pero también para construcciones vinculadas a la agroganadería como galpones, naves, granjas o invernaderos. Estas instalaciones nunca habían pagado el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y su inclusión materializa así una propuesta del gobierno de Aznar en 2004 para catastrar los bienes rústicos, según explica José Diéguez, de Ventonoso.
De esos 144 municipios pendientes de culminar el proceso, seis son de Deza y Tabeirós-Montes: Lalín, Silleda y Dozón, por un lado (cuyo plazo rematará el 30 de julio) y A Estrada, Forcarei y Rodeiro (que tienen hasta el 30 de noviembre), por otro. Diéguez explica que el proceso de actualización catastral arranca con lo que denomina "cartas negras", que llegan unos dos meses antes de tener que pagar el recibo. En esas misivas se notifica o bien la modificación que se hicieron en los inmuebles urbanos y no se notificaron o bien el nuevo pago de esos bienes rústicos, que tributarán entre el 0,3 y el 0,9% del valor catastral que tenga la propiedad (en Silleda, por ejemplo, es del 0,43). Solo en el caso de inmuebles urbanos modificados habrá que pagar una tasa de 60 euros, al margen del recibo posterior, en concepto de multa por no haber comunicado dichas alteraciones en las construcciones. Una parte de esta cuantía se destina a pagar los gastos de la empresa de consulting de Catastro, y el resto pasa a la Gerencia Territorial.
Hay un plazo de 15 días para alegar, y Diéguez calcula que, en caso de recurso, la respuesta de Catastro tarda en torno a un año. Tras dicha contestación, será el ORAL el que se encargue del cobro, de modo que si un contribuyente presenta alegaciones este año, el pago del recibo podría demorarse "hasta finales de 2018 o principios de 2019". Diéguez recomienda a los contribuyentes que no se limiten a pagar los 60 euros mencionados, sino que revisen que tanto las construcciones que tienen que tributar como los usos que figuran en Catastro son los correctos.
El catastrazo de bienes rústicos ya está consolidado en Vila de Cruces desde finales de 2015, igual que en Cerdedo. Sin embargo, el concello con el que éste se acaba de fusionar, Cotobade, tiene también de plazo hasta el 30 de noviembre. En cuanto a Agolada, su proceso se cerró en julio del año pasado, de modo que los vecinos están recibiendo ahora las cartas de cobro.
