Desde la puesta en marcha del servicio hace 18 años, el Parque Intercomarcal de Bomberos de Deza y Tabeirós-Terra de Montes es el único de toda España que aún carece de un convenio colectivo que regule la situación laboral de sus trabajadores. Representantes de la plantilla de empleados pudieron participar en el pleno que se celebró esta semana en Silleda y que sirvió para aprobar los presupuestos del presente año. Los bomberos expusieron en la sesión la necesidad de elaborar dicho convenio, pero ni Xunta ni Diputación (dos de las entidades consorciadas) aceptaron la propuesta.

En un comunicado, los bomberos recalcan que puede abordarse la redacción de ese convenio colectivo a coste cero, si de forma previa se aborda la funcionarización del plantel. A día de hoy, la plantilla cotiza como personal laboral fijo. Recuerdan que cada uno de los bomberos accedió a su puesto de empleo mediante oposición a una administración pública. Apuntan que el propio presidente de la Xunta se comprometió a convertir en funcionarios a más de 6.000 laborales fijos, por lo que no entienden que la Xunta se niegue a acometer este proceso con ellos cuando, por ejemplo, sí se anunció una medida idéntica para los bomberos forestales de la comunidad gallega. La funcionarización está amparada por diversas normas y, en el caso del parque intercomarcal de la zona, esta transformación jurídica supondría un ahorro del 5,5% en la partida de personal, ya que se eliminarían las cotizaciones por desempleo.

Es más, la conversión en funcionarios de los servicios de bomberos se está acometiendo desde hace tiempo en el resto del país. En la actualidad, solo en Deza-Tabeirós, así como en el Consorcio de Cuenca, Bomberos de Asturias y Emergencia Ciudad Real, se mantienen como personal laboral fijo. Pero es que en Asturias y Cuenca ya se iniciaron los trámites para la transformación en funcionarios de carrera, con lo que "pronto seremos los únicos de España en esta situación", aseguran los bomberos.

Si se acomete la funcionarización se elimina, como indican, la cotización por desempleo de los trabajadores, lo que supondría un ahorro anual de 30.000 euros, que podrían invertirse en el citado convenio colectivo, para que de este modo no supusiese un gasto a mayores. La plantilla se queja de que, por un lado, el consorcio desoiga esta propuesta, pero que a la vez se les apliquen los mismos recortes que padecen los funcionarios: el 5% mensual o la reducción de la paga extra, entre otros.

Los dos representantes de los trabajadores también transmitieron al pleno la necesidad de incorporar tres nuevos efectivos, para garantizar que haya así al menos cuatro personas por cada turno. No obstante, la plantilla es consciente de que "la legislación actual no permite la creación de nuevas plazas", de modo que estos puestos quedarían a expensas de que se modificase el marco normativo actual. Con la situación presente, solo se permite "ejecutar la tasa de reposición por jubilaciones", indica el comunicado.

Las entidades que acudieron al pleno del consorcio rechazaron las tres propuestas de la plantilla, esgrimiendo que está en marcha una recuperación de la gestión directa de los servicios de bomberos que ahora se encuentran privatizados. La respuesta no satisface a los trabajadores y anuncian que "nos vemos en la obligación de adoptar cuantas medidas legales consideremos oportunas".