El grupo de gobierno de Lalín mostró ayer "de nuevo" su profundo malestar por la que denomina como "irresponsabilidad política laboral" desarrollada durante años en el Concello por el Partido Popular. Señala que a cuestiones como el elevado coste de la regularización del personal impuesta por la Inspección de Trabajo por la reiteración de contratos en fraude de ley se suma ahora la imposibilidad de reponer puestos de parte del personal que se jubila. Este es el caso de dos plazas de otros tantos operarios de la brigada municipal de Obras y del albergue de peregrinos de A Laxe, que llevan más de una década contratados por el ayuntamiento, pero cuyos puestos no se podrán cubrir en el futuro. Ello se debe a que estos trabajadores nunca habrían sido incluidos por el Concello en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal y, por tanto, se encontraban en lo que el cuatripartito denomina como un "limbo laboral".
El ejecutivo explica que se trata de un nuevo ejemplo de la "nefasta" y "oscurantista" gestión del Partido Popular en materia de contratación del personal municipal. Por ello desde el cuatripartito se indica que ahora corresponde al actual grupo de gobierno local solucionar todos los problemas heredado y que tienen unas consecuencias para todos los vecinos de Lalín. En relación a esta declaración, se expone que por un lado están las consecuencias económicas, con un "importantísimo coste para regularizar la situación de medio centenar de empleados que durante años estuvieron contratados en fraude de ley" y con dinero de todos los contribuyentes "que siempre podrían ir destinados a solucionar otras necesidades de los ciudadanos". Pero también es relevante para el Concello la consecuencia en la calidad en la prestación de los servicios municipales, pues al no poder cubrir estas plazas habrá una merma en el trabajo que estos contratados hacía. En todo caso el gobierno local dice que trabaja en la búsqueda de soluciones que permitan cubrir al menos una de las dos plazas sin afectar a las exigencias impuestas en la Ley de Sostenibilidad de las administraciones públicas. Así, se anuncian negociaciones con los sindicatos en búsqueda de la mejor fórmula para reponer uno de estos puestos.
En relación al proceso de regularización del personal municipal se estima que serán necesarios inicialmente unos 60.000 euros para abono de antigüedades, "solo una pequeña muestra del gasto que supondrá este proceso con dinero público que podría ir destinado a otras iniciativas".
