23 de febrero de 2017
23.02.2017
Conflictividad laboral en el Concello de Lalín

Los sindicatos conminan al gobierno lalinense a asumir la antigüedad del personal laboral

Si en un mes no se desbloquean los pagos tomarán medidas legales -Instan al alcalde a que Intervención aporte la documentación, también sobre la productividad -En esta situación están medio centenar de empleados públicos

23.02.2017 | 04:55
Policías municipales reclaman un cuadrante normativo sobre sus turnos de trabajo. // Bernabé/Javier Lalín

Los sindicatos conminan al Concello de Lalín a desbloquear los pagos al personal laboral en concepto de antigüedad, algo que quedó reconocido en el proceso de regularización de los trabajadores mediante la resolución de la Inspección de Trabajo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la Confederación Intersindical Galega (CIG) y Comisiones Obreras (CC OO) presentaron ayer un escrito en el consistorio dirigido al alcalde, Rafael Cuiña, mediante el que se demanda un cálculo aproximado de los trienios que le corresponden al personal laboral ahora indefinido, así como sobre la productividad y los criterios que hay para establecer este reparto.

Fuentes sindicales señalan que con este escrito lo que se pretende es que la Alcaldía "inste a la interventora municipal" a que con la mayor brevedad posible aporte esta documentación a la mesa de negociación. Con este paso, los representantes sindicales estarían forzando al ejecutivo a desbloquear una situación una vez que desde hace ya cinco meses hay reclamaciones de laborales acerca del cobro de una antigüedad que quedó reconocida por la inspección a raíz de la denuncia presentada poco después del cambio de gobierno por Comisiones. Tanto Jerónimo Fernández (CSIF) como Antón Álvarez Merayo coinciden en que sí existe un "compromiso del gobierno" por asumir estas obligaciones, pero que éstas no pueden demorarse más en el tiempo. Una vez que los laborales afectados -eran 53 del concello en casos con contratos en fraude de ley desde hace décadas- reivindicaron sus derechos, se acordó dar de plazo hasta el 28 de este mes. Pero en la reunión celebrada ayer en el consistorio se decidió posponer hasta el 10 de marzo este plazo. Transcurrido el mismo y si no hubiese avances, los sindicatos acudirían a los tribunales para que fuese un juez el que obligase al Concello a asumir las obligaciones de pagar la antigüedad a la plantilla afectada. Jerónimo Fernández calcula que serán precisos unos 60.000 euros para liquidar estos atrasos y equiparar así las condiciones de estos trabajadores con los funcionarios, que sí están percibiendo en sus nóminas la antigüedad que les corresponde en cada caso. En definitiva, los sindicatos quieren tener en la mano un documento de trabajo con el que poder conocer estas compensaciones pendientes y para ello entienden que el alcalde, como máximo responsable del plantel, debe forzar al funcionario responsable de la intervención municipal a que aporte con inmediatez estos expedientes y se establezcan con claridad las remuneraciones.

En relación a la productividad, Merayo señala que es necesario que de una vez por todas se establezcan unos criterios en los que se conozcan las compensaciones que reciben los empleados públicos. Recuerda que nunca hubo una regulación meridiana y que es preciso definir documentalmente los criterios empleados. Otras fuentes afirman que habría acuerdos para abonos de productividad apoyados por funcionarios y no por sus responsables públicos, como corresponde. "Lo que queremos es un reconocimiento expreso del Concello sobre todos estos asuntos", manifiesta el representante de la CIG.

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