Minutos después de aterrizar en el poder el gobierno de Lalín comenzó a lanzar más de un mensaje con los que se ponían en duda aspectos relacionados con la gestión del anterior ejecutivo del Partido Popular. Sobre todo a través del alcalde, Rafael Cuiña, fueron advertidas supuestas irregularidades pero estas advertencias al ahora grupo de la oposición quedaron en amagos y, con pruebas concluyentes o sin ellas, lo cierto es que la cosa no pasó a mayores.
El principal damnificado, el exalcalde Crespo, pidió en varias ocasiones a Cuiña y a su equipo que no siguiese por el camino de las insidias y si tenía pruebas que lo denunciase en instancias judiciales. En caso contrario, que su única acción fuese el silencio. Supuestas destrucción de discos duros de ordenadores en días previos al traspaso de poderes, listados de personas afines al anterior gobierno que tendrían prioridad a la hora de acceder a un empleo, utilización de recursos públicos y personal en campañas del Partido Popular en Lalín y parte de la comarca fueron algunas de las denuncias con las que amagó el luego cuatripartito. También fue cuestionada la recaudación de eventos como la Feira do Cocido, los festejos patronales de As Dores o de otras campañas, sobre las que Cuiña lanzó dudas acerca de que fuesen fiscalizadas convenientemente. También, y así consta en la iniciativa plenaria dada a conocer por el cuatripartito el 23 de noviembre del año pasado, la presunta investigación realizada y pagada con fondos municipales para descubrir al culpable de difamaciones personales contra el anterior mandatario en los meses previos a las elecciones municipales. En este último apartado habría algunas conclusiones un tanto zafias.
El 24 de noviembre de 2016 se aprobaba en pleno por unanimidad la creación de esta comisión de investigación y el mandatario local llegó a decir que la iniciativa tenía la bendición del Partido Popular. En la sesión no hubo el más mínimo debate en este punto y solo el concejal no adscrito Juan José Cruz pidió que se investigasen numerosos acontecimientos que, en su mayoría, nada tenían que ver con el objeto de la moción. José Crespo sí pidió, no obstante, que si fuese necesario se autorizase a él mismo o a alguno de sus concejales a dar explicaciones. Como ya había sido divulgado unos días antes en esta comisión intervendrían cuatro funcionarios y el secretario municipal, César López Arribas.
El trabajo de esta comisión debe llevase con discreción, pero también cumplir los tiempos anunciados entonces: "lo antes posible y en el plazo máximo de dos meses" para, siempre y solo al pleno, exponer las conclusiones. Cierto es que este tiempo podría, si fuese necesario, ser ampliado. Lo que arrojen las investigaciones, según lo expuesto cuando se dio a conocer la puesta en marcha de este mecanismo, debe quedarse dentro del ámbito municipal, en el pleno, y en ningún caso o al menos no consta así, que si existiese algo llamativo se acudiese a los tribunales. En aquel pleno de noviembre en el que se acordó crear esta comisión Crespo dijo que nunca había hecho nada "de forma malintencionada". Y Cuiña, en su enésimo mensaje acerca de normalizar relaciones con el PP, replicó que "no había ánimo de guerra".
