El gobierno de Lalín pondrá en marcha una comisión antifraude para la gestión de los fondos Feder de la Estrategia Urbana de Desarrollo Sostenible (EDUSI), un programa mediante el cual el Concello va a recibir más de 5 millones de euros para la realización de diferentes iniciativas en el ámbito social, ambiental, urbanístico y tecnológico. A mayores, el ayuntamiento deberá realizar una aportación de 1,25 millones de euros a los 5 obtenidos de la Unión Europea, lo que sumará un montante global de 6,25 millones de euros para inversiones.
En la tarde de ayer se celebró una reunión en el consistorio para constituir esta comisión antifraude, que estará formada por el alcalde, Rafael Cuiña; el teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Nicolás González Casares; la concejala de Hacienda, Teresa Varela Fisteus; y los siguientes trabajadores municipales: Secretario, interventora, asesor jurídico y técnica de contratación. Una vez puesto en marcha, este organismo realizará, como primera medida, una autoevaluación del riesgo de fraude en el Concello de Lalín, teniendo en cuenta las directrices marcadas por la Unión Europea.
En palabras de Casares, "se trata de una importantísima cantidad que requiere que se pongan en marcha todos los organismos de control necesarios, tal como hace siempre este gobierno cuando estamos hablando de la gestión de fondos públicos". Con un organismo específico antifraude, el Concello no solo busca "ser ejemplar y transparente" en su actuación, sino también cumplir las exigencias de la propia Unión Europea en la concesión de la ayuda.
Conflictos de intereses
En efecto, la ejecución de los fondos Feder precisa de una figura de este tipo para avanzar en la necesidad de luchar contra el fraude desde las administraciones públicas. En este sentido, añade el teniente de alcalde, "es preciso diferenciar el fraude, que no tiene implicaciones penales, y la corrupción, que si las tiene". Es por ello por lo que desde el Concello -de manera complementaria a las jornadas didácticas para la selección de procedimientos- también se están celebrando sesiones de formación antifraude que llegarán a todos los trabajadores y responsables políticos municipales.
Entre otras medidas, una de las que va a aplicar el cuatripartito consiste en que todas las personas que participen en la elaboración de proyectos para el plan Lalín Ssuma 21 o en las mesas de contratación hagan previamente una declaración con el objetivo de discernir los posibles conflictos de intereses que puedan surgir en el procedimiento administrativo. Esa declaración será más estricta de lo que ya incluye la normativa vigente sobre incompatibilidades públicas.
