El Concello de Sarria, En Lugo, se ha visto obligado a suspender el pago de las nóminas a sus funcionarios y a los proveedores municipales al carecer de un tesorero con habilitación nacional que autorice esos gastos. Su situación es extrema, pero la mayor parte municipios no solo de Galicia, sino que de la provincia, se pueden enfrentar a un problema similar a raíz de una normativa estatal que obliga desde el pasado 1 de enero a todos los ayuntamientos a disponer de un tesorero de esa categoría. En Deza y Tabeirós-Terra de Montes solo las capitales, Lalín y A Estrada, cuentan con un tesorero habilitado nacional.

En el resto de concellos de las comarcas se acuden a fórmulas de uno u otro tipo para sacar adelante el pago constante de facturas y nóminas y hasta el momento ninguno de las administraciones locales consultadas tienen problemas para mantener la actividad municipal. Si bien, son funcionarios municipales, secretarios o interventores los que asumen tal labor. Indican pues, que en la práctica, hay varias vías para lograr que los pagos no se bloqueen, de tal forma que no corra peligro la actividad. Que un funcionario municipal se haga cargo de esta tarea es lo habitual en la mayoría de administraciones.

De hecho, esto es lo que ocurre en Silleda, al igual que en otros municipios de la comarca de Deza como Vila de Cruces, Rodeiro y Agolada. En Dozón, por su parte, es la actual secretaria accidental, también funcionaria municipal, la que ejerce como tesorera. En Tabeirós-Montes, en el Concello de Forcarei es la secretaria la encargada de tal asunto y cabe destacar que, aunque no hay un tesorero habilitado nacional, si que poseen un interventora con esta categoría, como exige la ley también. En el concello de Cerdedo, antes de su fusión con Cotobade, pasaba igual que en Forcarei, el secretario era el encargado de la tesorería, pero tras la unión de ambos municipios, es una funcionaria municipal la que lo hace, puesto que, antes de la fusión, ya lo venía haciendo el concello de Cotobade.

La ley en cuestión que obliga a tener un tesorero, a un interventor y a un secretario habilitado en el puesto, fue aprobada por el Ministerio de Hacienda en 2015, aunque el pasado año tuvo una moratoria que finalizó con la legada del 2017. Si bien, este aplazamiento podía haberse prolongado con la existencia de la ley de acompañamiento a los Presupuestos d 2017 nacionales, todavía sin aprobar.

Cabe destacar que el problema es generalizado, pues solo 39 de los 313 ayuntamientos que hay en Galicia, tienen una plaza de tesorero creada, aunque en seis de ellos está dicho puesto vacante. Por lo tanto, 274 concellos no cuentan con tesorero según las exigencias de Hacienda.

El problema radica principalmente en que no hay tesoreros con esta categoría para tantas plazas, por lo que sería necesario convocar una oposición nacional. Aún así, según indican, podrían tardar aproximadamente dos años. Muchos son los que critican las exigencias del Ministerio de Hacienda al creer que se ha promovido una ley sin pensar en los Concellos pequeños.

A mayores de que en España no existen tantos tesoreros como para atender a la totalidad de ayuntamientos que se plantea, los concellos pequeños tendrían un aumento en los gastos, pues la contratación de un tesorero tiene un coste de aproximadamente 60.000 euros anuales. Y por si fuera poco, otro de los problemas es que habría que crear la plaza en el cuadro municipal de personal y habilitar su coste presupuestario. Un proceso que también lleva su tiempo.