Los responsables del colegio María Inmaculada, de Silleda, han mantenido estos días distintas reuniones con padres de alumnos para darles explicaciones acerca de las presuntas irregularidades en su gestión que investiga la Consellería de Educación. La convocatoria de los encuentros, mediante notas informativas remitidas a los domicilios de los estudiantes, llega después de semanas de incertidumbre que llevaron a algunos padres a dirigirse al colegio para solicitar información. El administrador del centro concertado, José Pérez Barreiro, aseguró a los progenitores que desconocen el escrito presentado por el sindicato CIG ante el departamento autonómico y que este tampoco les ha proporcionado información, por el momento.

En las reuniones celebradas ayer, el sacerdote y presidente de la Fundación María Seoane Colmeiro -administradora del CPR Plurilingüe María Inmaculada- estuvo acompañado por el nuevo director y la jefa de estudios. El cargo vacante tras la dimisión irrevocable de Luis Fernández Eire el pasado 1 de enero, a raíz de la investigación abierta por la consellería sobre su gestión, ha sido ocupado por Manuel Constenla, mientras que en la jefatura de estudios continúa Elisa González Civeira. Los cargos, que ya venían ejerciendo en la práctica durante las últimas jornadas, fueron ratificados por parte del consejo escolar en una reunión que se habría celebrado durante la mañana de ayer, según indicó José Pérez a los progenitores.

El representante de la administración del centro reconoció la existencia de incompatibilidades en la impartición de clases de Bachillerato por parte de dos profesoras: Las de lengua y francés. Ambas están asignadas al concierto de la ESO, de modo que perciben su salario de la Consellería de Educación, por lo que no estarían habilitadas para dar materias fuera de la enseñanza concertada, caso del Bachillerato. Tal fue la explicación que brindó ayer el párroco de Silleda a los padres presentes en las reuniones, matizando que desde el colegio desconocían dicha incompatibilidad y que, en todo caso, están dispuestos a corregirla si así se lo corroboran desde Educación.

Entre las familias de los alumnos, sobre todo de segundo de BACH, ha cundido la preocupación por lo que pueda pasar, ya que apenas quedan cuatro meses para la finalización del curso y temen que cualquier cambio sea perjudicial para sus resultados académicos en un año clave de preparación para el acceso a la universidad. Desde el centro les indicaron que se atendrán a las pautas que les marque la consellería para ajustarse a la ley.