El plan rural que ahora tiene en marcha el ministerio establece que propiedades como galpones, naves agrícolas, invernaderos, hórreos, establos, cobertizos y otras construcciones auxiliares pasarán a tributar por el IBI, pero el ministerio aclara que "en modo alguno se valorarán como una primera vivienda". Será inferior y nunca como la residencia habitual. En todo caso, Unións Agrarias ya ha advertido de que la inclusión de esos elementos supondrá un "aumento ficticio del patrimonio" de los ciudadanos, lo que repercutirá, de entrada, en el cómputo patrimonial a la hora de solicitar becas para sus hijos, por ejemplo.

El sindicato ya denunció en su día los efectos de lo que definen como "catastrazo" ante el elevado número de galpones y estructuras similares existentes en Galicia. Una vez que el Gobierno finalice el rastreo es el propio concello el que debe determinar la tasa que permite la normativa: Desde la más baja, del 0,3% del valor de la propiedad, a la más alta, de un 0,9%. Desde UU AA alertan de que la revisión catastral elevaría los ingresos que los concellos logran al año por la contribución rústica.

La Fegamp asegura que será cada concello el que decida que tasa se aplica (del 0,3% al 0,9%), así como la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% para aquellas explotaciones o industrias agroganaderas que así lo requieran. La mayor parte de las altas incluidas hasta ahora en Galicia se centran en el rural. Los nuevos inmuebles en el IBI urbano, el que implica más ingresos para los municipios, es más escaso. Se persiguen sobre todo piscinas, garajes, ampliaciones y otras obras no dadas de alta y detectadas en muchos casos mediante imágenes aéreas.