El Ministerio de Hacienda puso en marcha en 2013 la "regularización catastral", un proceso mediante el cual se emprendió una campaña para localizar bienes ocultos al fisco, pero, además, incluir en el Catastro todas aquellas construcciones auxiliares del sector agrícola, en el rural, que hasta ahora estaban exentas de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), beneficio que desaparece con esta medida. Así, este proceso ya ha implicado un aumento del 52% en el valor de los propiedades rústicas para cobrar ese tributo, que ingresan directamente los concellos.

El Ministerio de Hacienda publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado una resolución, fechada el pasado 20 de diciembre, en la que detalla los municipios que se someterán a la regularización catastral desde hoy mismo, 31 de diciembre, y hasta el 30 de noviembre de 2017. La relación incluye 19 concellos de la provincia, entre ellos Rodeiro, A Estrada, Forcarei y Cotobade, ahora fusionado con Cerdedo. La lista se completa con Pontevedra, Barro, Cuntis, A Lama, Sanxenxo, Vilagarcía, Valga, Cambados, Meaño, Crecente, Gondomar, Oia, Porriño, Salvaterra y Tui.

Hasta ahora, el aumento directo en los tipos del IBI y la posibilidad de aplicar una actualización exprés en los valores de los inmuebles sobre los que se calcula el IBI han implicado un aumento de ingresos en los concellos ya revisados, así como con la búsqueda de bienes ocultos o reformados. Este proceso, conjunto para las categorías rústicas y urbanas, se nota con más incidencia en el rural, con gran malestar de los afectados, ya que las construcciones ligadas a explotaciones agrarias, ganaderas o forestales pasaron de tener un valor cero a pagar entre el 0,3 y el 0,9%.

Granjas, invernaderos, hórreos o establos entrarán en este proceso, que el ministerio niega que sea una revisión y habla, por cotra de un "plan de lucha contra el fraude". Fuentes oficiales de Hacienda explican que se trata de "cotejar las construcciones que no están reflejadas en el Catastro" y se analizan las edificaciones rústicas porque "es una obligación desde 2008 valorar esas construcciones", que se incorporan a la relación catastral a medida que se realizan revisiones. Con su inclusión, los propietarios verán aumentada su cuota, si bien Hacienda aclara que las arcas del Estado no registrarán un aumento de recaudación y cada concello puede decidir el coeficiente que aplica, e incluso bonificaciones.

Hasta ahora este proceso ya ha afectado al menos a unos cuarenta municipios de la provincia. El ministerio ha enviado comunicaciones a los concellos avisando de sus intenciones.

A Rodeiro llegó a finales de marzo. Fue entonces cuando la junta de gobierno local abordó el asunto y aprobó, en abril, la solicitud de inclusión. La gerencia de Pontevedra brindaba la posibilidad de escoger en qué fase quería adherirse: En la próxima resolución que se publique o en la prevista para finales de año. Ante esta tesitura, el gobierno de Luis López optó por la revisión de diciembre, alargando así al máximo el plazo. Este trámite permitirá la incorporación al Catastro y la valoración a efectos de IBI tanto de las construcciones omitidas total o parcialmente, como de las modificaciones en los datos físicos de los inmuebles que sean incorrectos o incompletos, con el fin de asegurar su concordancia con la realidad.