La Explotación Minera de Campomarzo solicita un concurso de acreedores

El trámite paraliza la subasta de la maquinaria con la que se iba a pagar la deuda aún pendiente con extrabajadores -La CIG cree que está condenada al cierre o a la venta

22.12.2016 | 02:40
Antón Merayo, flanqueado por dos extrabajadores a los que Campomarzo adeuda meses. // Bernabé

El sindicato CIG desvela que la Explotación Minera de Campomarzo inició semanas atrás los trámites para declararse en concurso de acreedores. Por el momento, aún está por determinar quién ejercerá de administrador concursal, pero este proceso ya ha tenido sus consecuencias: su puesta en marcha paraliza la subasta de la maquinaria que llevaba meses precintada por orden judicial y cuya venta serviría para pagar la deuda que todavía mantiene con seis antiguos trabajadores.

Tal y como recuerda el delegado sindical para la zona de Deza y Tabeirós-Montes, Antón Merayo, la deuda con estos antiguos empleados debía estar saldada hace tiempo, pero a principios de 2015 comenzó a incumplirse el calendario de pagos, y de ahí que el sindicato recurriese al embargo de bienes. "En septiembre los peritos se encargaron de valorar la maquinaria, y en octubre esta tasación ya se encontraba en los juzgados", pero todo se trunca con esta nueva decisión de la empresa. La entrada en concurso de acreedores, a ojos de la CIG, "es otra maniobra de la dirección para salvar sus muebles personales y seguir con la ingeniería jurídico-financiera para ganar tiempo, acumulando el máximo cash posible y descapitalizando la empresa de cualquier valor", para que tanto a los antiguos trabajadores como a la plantilla actual no le quede más recurso de indemnización que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

A la media docena de empleados que asesora la CIG se les debe en torno a 60.000 euros. A este pasivo se le suma las nóminas pendientes, desde hace ya por lo menos seis meses, tanto al encargado como a la plantilla actual, que ya ha formalizado dos denuncias por impagos. También hay que tener en cuenta que Campomarzo tiene deudas, por un lado, con la Seguridad Social, y por otro, con el Concello de Silleda (270.000 euros por el canon del vertedero), cuya sentencia a favor de la administración está recurrida.

Ahora mismo, la firma se encuentra en suspensión de pagos, recalca Merayo, por lo que "tiene menos visos de que salga adelante". Sí es cierto que se retiraron los precintos de la maquinaria, pero es que ni siquiera se dispone de plantilla para utilizarla. "En la comarca solo se salvó del concurso de acreedores Portadeza, y gracias a un proyecto muy distinto de la empresa inicial y con una plantilla muy reducida", recalca. Cree, en el caso de Campomarzo, que la situación actual la condena "a la quiebra, más pronto que tarde, y a su desaparición o venta". Confía en que en febrero los trabajadores recibirán las cartas en las que se les indicará a cuánto asciende la deuda global de la firma.

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