Al Valedor do Pobo han recurrido los trabajadores de la Oficina Agraria Comarcal (OAC) de Lalín para que la Xunta actúe y traslade estas dependencias a otras que cumplan como mínimo la normativa. Los funcionarios, que convocaron ayer su enésima concentración ante el inmueble de la calle Areal, han decido dar este paso tras meses de reivindicaciones que han tenido con respuesta solo los oídos sordos de la Consellería de Medio Rural. El escrito para pedir la mediación de la institución que dirige Milagros Otero Parga fue remitido ya el 21 de octubre pasado.

Mientras continúa la campaña de recogida de firmas -ayer en la protesta se contabilizaban exactamente 616- los trabajadores insisten en denunciar que el inmueble que alberga el servicio incumple la normativa de accesibilidad pues está en un primer piso sin ascensor y para acceder al mismo desde el portal hay que subir más de 20 escalones. El deterioro del piso, reiteran los trabajadores, alcanza un nivel insoportable, además de que, por ejemplo, ni siquiera hay agua potable. En enero habrá una reunión de la junta de personal funcionario provincial en esta oficina y si no se producen avances, no se descarta convocar protestas ante la sede de Medio Rural, en Santiago o un encierro en la consellería.

A la concentración de ayer acudieron representantes de algunas centrales sindicales y también el jefe de personal funcionario de la Xunta en Pontevedra, Fernando García. Éste manifestó que se había llevado el asunto a la mesa general de empleados públicos, pero que ni Función Pública ni el resto de consellerías presentes en este órgano "conocían para nada el caso y que le pasaban la pelota a Medio Rural". El departamento de Ánxeles Vázquez, concreta García es conocedor de este conflicto pues le llegó tanto por los trabajadores del servicio como por escritos directamente a la consellería para una reunión. "Lo que tenemos es una administración autista que en pleno siglo XXI tiene unas instalaciones que parecen propias de un país centroafricano del siglo XIX", Esta situación, apostilló, es insostenible no solo para los trabajadores de la OAC sino también para los propios usuarios. "Hay mil fórmulas para encontrar locales adecuados que cumplan con los requisitos, pero no se quieren hacer esfuerzos o hay otros intereses detrás que no sabemos cuáles son, políticos o personales", dijo. En este sentido recordó que la Xunta convocó hasta dos concursos públicos para el alquiler de unas dependencias y culminar así el traslado de la OAC, pero ambos quedaron desiertos. "Resulta curioso", recalcó.

Propuso, para un nuevo local, llegar a un acuerdo con otras administraciones o un concurso para desplazar la oficina a un inmueble que reúna las características mínimas. "Lo que hay es una falta de interés político y debe haber otro tipo de interés que desconocemos. No tenemos constancia en la provincia de una instalación en peor estado y donde, además, la administración se inhibe".