La futura residencia y centro de día de Silleda reservará un mínimo de 12 plazas de residentes para vecinos del municipio, a los que se les ofertará un precio máximo de 1.000 euros al mes por habitación doble, 1.300 por individual y 1.700 por asistencia permanente. Del mismo modo, el uso del centro de día para los trasdezanos tendrá un coste máximo de 300 euros al mes, mientras que las comidas costarán 3,60.
El alcalde, Manuel Cuiña, dio a conocer ayer estas condiciones dentro de la sesión plenaria en la que se debatió la aprobación del proyecto constructivo de este complejo así como la de los requisitos que regirán la concesión demanial del servicio por un periodo de 75 años. Uno de los redactores del proyecto, Martín Pereiras, explicó a la corporación que el inmueble tendrá 40 plazas residenciales y 15 de centro de día. En la planta baja se ubicará la residencia, y en la planta alta, el centro, con entrada propia. La construcción se parece a los antiguos pendellos y permite ampliaciones futuras sin tener que construir en más alturas.
Desde la oposición, el número dos del PP, Ignacio Maril, echa en falta que no se fijen precios máximos para los usuarios que no son de Silleda. Sin embargo, desde el BNG Matías Rodríguez da Torre considera que, dado que el salario medio en Silleda ronda los 900 euros y las pensiones son incluso inferiores, "puede haber una precarización del servicio y también en los salarios del personal", al pretender que haya plazas residenciales a 1.000 euros. Da Torre recuerda que el coste medio de las residencias se sitúa en los 2.180 euros al mes, un precio muy elevado que obliga a que las administraciones paguen parte de la tarifa.
Cuiña explicó a ambos que esta fórmula -la empresa que construya el centro será también la que lo gestione- se ahorrará dinero, ya que construyese la residencia la Xunta, el Concello tendría que abonar 700 euros por plaza o, lo que es lo mismo, 28.000 euros al mes.
PP y BNG reprocharon al gobierno que les presentase el proyecto de la residencia el mismo día del pleno. Del mismo modo, los dos partidos de la oposición pusieron pegas a la adjudicación del servicio de recogida de la basura a la empresa Urbaser, que realizará este trabajo durante 4 años y por un importe de 188.978 euros por cada ejercicio. Para los populares, sería necesario que los contenedores del rural se vaciasen con más frecuencia, y no solo una vez por semana. Para el BNG, hay que aumentar la recogida, sí, pero de los envases ligeros, ya que hoy en día su volumen en el rural es mayor que el de los residuos orgánicos y cree que no será suficiente con retirarlos cada 15 días. Da Torre recordó, en vano, sus propuestas de o bien intermunicipalizar el servicio con Vila de Cruces o bien estudiar su comarcalización, aprovechando la existencia de la mancomunidad, "que ahora mismo está secuestrada por el PP", apostilló Cuiña.
Preguntado por la falta de propuestas para el compostaje de residuos en la propuesta de Urbaser, Cuiña explicó que ya está en marcha el Plan Revitaliza, de la Diputación, con el que se contempla colocar dos composteros en el municipio. El alcalde mostró su convicción de que, si se conciencia a los vecinos de la necesidad de compostar los residuos orgánicos, ello reducirá los costes de tratamiento en Sogama y, quién sabe, igual baja el recibo de la basura, cifrado en 70 euros anuales. En cualquier caso, la tarifa no va a subir en al menos los cuatro años siguientes.
En un pleno que se prolongó durante casi cuatro horas, el orden del día incluyó la dación de cuenta de la solicitud de nombramiento como edil del socialista Benito Saavedra Vázquez, ocupará el escaño que dejó libre María José Fernández a principios de octubre. El futuro concejal de Industria e Comercio acudió ayer a la sesión como público. Pese a ello, el PSOE siguió contando con una mayoría absoluta, con seis ediles frente a los cuatro del PP y el único del BNG. Saavedra aún no pudo tomar posesión de sus competencias porque el Concello todavía no recibió las credenciales.
