15 de noviembre de 2016

CIG pide al gobierno lalinense que deje de "criminalizar" a los trabajadores laborales

- El sindicato demanda soluciones en las mesas de negociación y datos sobre el proceso - Y exige a la oposición que facilite el trámite, pues "alguna culpa tiene de la situación"

15.11.2016 | 02:58

La Central Intersindical Galega (CIG) hace constar su malestar por "el uso político y la criminalización" que, a su juicio, el gobierno de Lalín hace de los trabajadores laborales a raíz de la resolución de la Inspección de Trabajo que ordena la conversión de sus contratos en indefinidos no fijos. Reitera su petición al gobierno de que "deje al personal al margen de las disputas políticas" y le insta a responder a las peticiones de las organizaciones sindicales y del comité de empresa que se presentan en el registro, "aunque sea restando tiempo a las notas de prensa", ironiza.

"Estamos hartos de que se acuse al personal de privilegios a la hora de acceso a los puestos de trabajo, pues de ser fraudulentos deberían haber sido denunciados en su día o pedir las explicaciones a quien llevó la gestión de la contratación, pero no al personal afectado", proclama Dina Porral, responsable comarcal de CIG-Administración Pontevedra. Sostiene que "no se puede seguir criminalizando" al personal de la situación en la que se van a ver afectadas las arcas del Concello si se cumple la resolución, pues, como ya advirtió en las reuniones mantenidas con miembros del ejecutivo, "sin el personal no se pueden prestar los servicios". El sindicato se muestra "encantado" de negociar en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) la cantidad que corresponda -"mucho mejor si es un millón de euros", apostilla-, pero recuerda que la parte social aún no dispone de cifras con las que negociar ni datos concretos, pues acaba de comenzar el proceso. Cabe reseñar que el gobierno de Rafael Cuiña anunció en pleno, en base a las "estimaciones" del departamento municipal de Intervención, que el coste de la regularización laboral se acercaría al millón de euros; en concreto, que superaría los 800.000 euros.

CIG pide que se busquen soluciones en las mesas de negociación para dar salida a la propuesta de Inspección, pues "ni la prensa ni los vecinos van a solucionar esto". Y demanda "datos concretos" del proceso de cumplimiento de la resolución, pues, aun siendo conocedores de que se presentó un recurso contencioso administrativo contra la misma, saben también que esto no paraliza el proceso, aunque si puede dilatarlo.

Desde el sindicato nacionalista también piden a la oposición municipal que facilite que este trámite sea posible, pues son conscientes de que "alguna culpa si tienen en la situación actual del personal, pues la contratación en fraude de ley se hizo bajo su mandato", en alusión al gobierno de José Crespo.

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